Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Eliphalet Gómez Lozano, reconoció que en Tamaulipas existe un caos financiero “porque no han sido solventados 10 mil millones de pesos, en 180 cuentas públicas del 2021 al 23.”

Reveló que el 60 por ciento de los 300 informes de resultados correspondientes a las cuentas públicas 2021, 2022 y 2023 fueron aprobados en sentido negativo, debido a que los ayuntamientos y entes públicos no lograron sustanciar alrededor de 10 mil millones de 12 mil millones de pesos que se fiscalizaron.

“Lo anterior representa que 180 cuentas públicas de Ayuntamientos y de entes públicos fueron rechazadas por la Comisión de Auditoría Superior del Estado…no lograron sustanciar alrededor de 10 mil millones de pesos”, precisó Gómez Lozano.

Detalló que del año fiscal 2021 suman 15 cuentas publicas; del ejercicio Fiscal 2022 90 Cuentas Públicas y del 2023 un total de 195 cuentas fiscalizadas.

El legislador local, se reservó los nombres de los Ayuntamientos así como de las Comapas y los organismos Públicos Descentralizados que tienen sus cuentas públicas en sentido negativo, pero insistió en que “tienen un caos financiero sin solventar”.

El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, detalló que el rezago histórico heredado está siendo atendido con un nuevo enfoque que busca cerrar la brecha de años sin sanciones ni resoluciones definitivas.

Admitió que aún quedan pendientes bloques de las cuentas 2021 y 2022 en proceso de revisión, pero la Auditoría ya cumplió con el análisis de la cuenta 2023. A diferencia de otros años, señaló, ahora se trabaja simultáneamente en expedientes antiguos y recientes.

“La instrucción es agarrar de atrás, pero también de las actuales. La idea es cerrar la brecha. La ciudadanía se queja porque nunca llega la justicia; queremos que lo que pasó en 2023 esté siendo sancionado para 2025”, advirtió.

Gómez lozano, recordó que, históricamente, los expedientes en la Auditoría Superior del Estado quedaban atorados porque debían revisarse primero cuentas de 2017 y 2018, lo que generaba prescripciones y nula acción administrativa o penal.

Ahora, destacó que los 10 mil millones de pesos sin solventar derivan de un desorden administrativo, fallas de control interno y uso indistinto de recursos estatales, propios o federales, estos últimos fuera de la competencia de la Auditoría estatal.

El diputado morenista, explicó que de un universo original de casi 12 mil millones observados, sólo 0.5% correspondía a recursos federales, mismos que fueron descartados por falta de competencia.

Reveló que 40 de 43 municipios fueron reprobados en el 2023, toda vez que de las 195 cuentas públicas del ejercicio fiscal de ese año, el 95% tiene un sentido negativo, pero solo el 90 por ciento, corresponden a entes municipales, incluyendo 43 ayuntamientos y organismos paramunicipales como Comapas y DIF municipales.

“De los 43 municipios, alrededor de 40 Ayuntamientos vienen en sentido negativo. Más del 95% incumple”, precisó Gómez Lozano.

Dijo que una vez que el Pleno del Congreso apruebe las cuentas públicas, la Auditoría iniciará investigaciones por faltas graves, hará una integración de expedientes por presuntos quebrantos; se enviarán casos a la Fiscalía Anticorrupción.

Además, se contempla turnar al Tribunal de Justicia Administrativa algunos de los casos de entes públicos y habrá “un seguimiento estricto a los órganos internos de control de cada ente público”.