Ciudad Victoria, Tamaulipas.-El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la Diputada Lucero Deosdady Martínez López, en representación del Grupo Parlamentario de MORENA y del PT, mediante la cual se expide la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado de Tamaulipas.

Con la aprobación de este nuevo instrumento jurídico, la Legislatura 66 reafirma su compromiso con la protección de las familias tamaulipecas, la defensa de los derechos humanos y la garantía de condiciones seguras para el desarrollo social y económico de la entidad.

La acción legislativa aprobada atiende la obligatoriedad constitucional de armonizar el marco normativo estatal con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada recientemente por el Congreso de la Unión. Tamaulipas se convierte así en una de las primeras entidades del país en dar cumplimiento puntual a este mandato.

El ordenamiento aprobado por el Pleno incluye 43 artículos y diversos transitorios que garantizan una implementación eficaz. Entre sus aspectos más relevantes destacan:

Definición del tipo penal de extorsión, sus sanciones y un amplio catálogo de agravantes adaptado a las nuevas formas de comisión delictiva, incluyendo el uso de tecnologías, dispositivos electrónicos y plataformas digitales.

Fortalecimiento de la capacidad de investigación, contemplando unidades especializadas dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, actos de investigación con control judicial y procedimientos específicos para la atención de víctimas.

Medidas de protección y prevención, con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad para evitar la revictimización.

Creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, para facilitar la recepción, atención y seguimiento de reportes ciudadanos.

Lineamientos de coordinación interinstitucional, que permiten acciones conjuntas entre autoridades locales, municipales y federales, respetando los límites constitucionales.

Tecnologías para inhibir comunicaciones ilícitas desde centros penitenciarios, ordenando a los centros de reclusión implementar mecanismos para impedir llamadas o transmisiones desde su interior.