Ciudad de México.- La Comisión de Defensa de los Consumidores aprobó el dictamen de un proyecto de reforma en materia de “acoso telefónico comercial”, con el que se busca considerar como práctica abusiva de comercio la realización de llamadas no autorizadas, reiteradas e insistentes, con fines comerciales y de persuasión.

Entre los cambios planteados a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se incluye que las empresas deberán consultar previamente al consumidor si desea recibir información publicitaria mediante llamadas. 

En caso de negativa, estarán obligadas a notificar la decisión a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que ésta inscriba al usuario en un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial.

La propuesta también establece multas que van de 56 mil 570 a dos millones 345 mil pesos para las compañías que incumplan la negativa de los consumidores y persistan en emitir publicidad telefónica no deseada.

El órgano legislativo también avaló un proyecto de reforma para que los fabricantes estén obligados a producir partes y refacciones mientras sus productos sigan en el mercado y, posteriormente, por un periodo no menor a cinco años para productos en general y 10 años para partes de vehículos. La iniciativa busca enfrentar la “obsolescencia programada”, fenómeno que deja sin utilidad a los productos al suspender la fabricación de refacciones y que, además, genera grandes cantidades de basura.

Al presentar esta última propuesta, la promovente destacó que la falta de refacciones coloca a los consumidores en desventaja y contribuye al incremento de desechos. Otra legisladora coincidió en que el “mundo de consumismo” actual fomenta prácticas que contaminan al planeta y benefician a grupos empresariales que acaparan los mercados.

Finalmente, las autoridades legislativas subrayaron la necesidad de fortalecer la protección a los consumidores ante prácticas abusivas, tanto en materia de acoso telefónico como de disponibilidad de refacciones.