Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El empresario capitalino y actual coordinador estatal de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, José Luis Loperena, celebró la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión como un paso decisivo para frenar las pérdidas económicas, el cierre de negocios familiares y el desplazamiento del comercio formal en todo el país.

Expuso que durante años, el cobro de piso y la extorsión han golpeado a empresas y negocios familiares, imponiendo miedo, sobrecostos y reglas criminales en horarios, rutas y proveedores.

“Detrás de este fenómeno está la acción del crimen organizado y el abandono que permitió que este delito creciera en la sombra, afectando la vida productiva de miles de comunidades”, refirió Loperena González

Hoy, la decisión de perseguir de oficio la extorsión y contar con un tipo penal unificado envía un mensaje claro: el Estado mexicano asume su responsabilidad y responde al llamado del sector productivo.

“La extorsión no sólo distorsiona el mercado: cobra vidas, encarece productos y destruye la confianza. Perseguirla de oficio no es sólo una medida jurídica: es un acto de justicia, de memoria y de Estado. Desde el sector productivo, desde los negocios familiares, llevamos años pidiendo esta reforma porque sabemos lo que significa operar bajo amenaza”, enfatizó el empresario capitalino.

Comentó que a nivel nacional, la aprobación de la ley contra la Extorsión da más confianza al sector empresarial, que es el más afectado por este delito, “porque ya solamente con una denuncia anónima se podrá perseguir de oficio”.

Loperena González, dijo estar contento con esta ley porque ya la extorsión se va a perseguir de oficio, pues simplemente con presentar una denuncia anónima, esto significa que ya va a ser un delito en donde va a seguir el proceso y se va a castigar a los culpables, expuso.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, en 2023 se registraron 739 mil casos de extorsión en unidades económicas, afectando al 88% de los micronegocios y generando costos superiores a 31 mil millones de pesos al año.

La mayoría de los casos se cometen por vía telefónica, lo que hace indispensable reforzar el uso del 089 para denuncias anónimas, el bloqueo inmediato de líneas y cuentas vinculadas al delito, así como la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y operativos en centros penitenciarios para desarticular redes criminales.