Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Para la legisladora local priísta en Tamaulipas, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, las reformas a la Ley de Amparo en México, aprobadas en lo general y particular en el Senado de la República y posteriormente en la Cámara de Diputados, representa un retroceso para el país y lo perfila hacia una verdadera dictadura.

La diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que con ello Morena una vez más demuestra lo autoritario que puede llegar a ser, al adueñarse del Poder Judicial, arrebatando el Poder Legislativo y obviamente el Ejecutivo.

La también abogada calificó además como grave que quieran quitarle toda la fuerza a ese recurso legal de defensa de los ciudadanos ante una omisión o abuso de autoridad.

“Es quitarle toda la fuerza al amparo”, señaló al precisar que “aprobaron un amparo deslactosado, descafeinado, que al final de cuentas no tenga la fuerza para proteger al ciudadano, estamos preocupados y es lamentable cómo desde el Gobierno siguen con ese autoritarismo, ese centralismo.”

Guillén Vicente rechazó que la aprobación de la Ley de Amparo se deba a que solo protege a los privilegiados y clases sociales altas en México, y con ello se pretende evitar la evasión fiscal.

“El 47 por ciento de las empresas, pequeñas y medianas son las que tienen los amparos sobre los impuestos y estas empresas producen el 76 por ciento de los impuestos del país, entonces, esta ley que dice Morena atenta contra la economía nacional”, aseguró.

Y agregó;

“La realidad de las cosas es que los que enarbolan la Cuarta Transformación en México y pretenden construir lo que denominan como el “segundo piso”, han saqueado al país a más no poder y ya no tienen de donde sacar más recursos para dar certeza a los mexicanos”.

“Con esta misma Ley que tenían los mexicanos en una garantía de amparo, los derechohabientes del IMSS, del Issste tenían la posibilidad de que estas instituciones estuvieran obligadas a dar el servicio, a dar las medicinas a los niños con cáncer, a las mujeres, a los adultos mayores y a todos los que fueran derechohabientes de estos organismos relacionados con la salud”, precisó Paloma Guillén.