Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada local de Morena, Blanca Anzaldúa Nájera, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto que busca reformar la Constitución Política, el Código Penal y la Ley de Educación de Tamaulipas, con el propósito de proteger la integridad y seguridad del personal docente, administrativo y de apoyo a la educación.

La legisladora explicó que la propuesta tiene como objetivo garantizar la seguridad física, psicológica y moral de los maestros, así como otorgarles mecanismos de defensa legal eficaz y oportuno ante cualquier acto de violencia o amenaza derivado del ejercicio de su labor.

“El Estado garantizará la protección, la integridad, seguridad física, psicológica y moral de las y los maestros y del personal de apoyo y asistencia a la educación en el ejercicio de sus funciones”, se establece en la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 138 de la Constitución local.

Asimismo, Anzaldúa Nájera propuso endurecer las penas contra quienes cometan delitos en agravio de maestras, maestros o personal educativo.

“Cuando los delitos de lesiones, amenazas, privación ilegal de la libertad, extorsión o difamación se cometan en contra de maestras, maestros o personal educativo en el ejercicio de sus funciones, la pena aplicable se incrementará hasta en una mitad más, en su mínimo y en su máximo”, señala el nuevo artículo 438-TER del Código Penal del Estado de Tamaulipas.

En cuanto a las reformas a la Ley de Educación de Tamaulipas, la diputada detalló que se busca establecer medidas concretas de prevención, protección y atención para asegurar condiciones dignas y entornos escolares libres de violencia.

“Se garantizará la integridad y la seguridad personal de los maestros y del personal de apoyo y asistencia a la educación mediante la implementación de medidas de prevención, protección y atención que aseguren su bienestar físico, emocional y laboral”, menciona la propuesta.

La iniciativa también plantea sanciones administrativas y penales a quienes incurran en difamación, injurias o agresiones físicas, verbales o psicológicas contra el personal docente, así como responsabilidad para las autoridades educativas que omitan su deber de protección y atención a las denuncias.

De igual forma, la legisladora morenista subrayó la importancia de proteger a las y los maestros frente a acusaciones dolosas o falsas, reconociéndoles además el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.

“Es necesario dignificar la labor docente, fortalecer su seguridad y reconocer la importancia social de quienes forman a las nuevas generaciones”, sostuvo Anzaldúa Nájera desde tribuna.

El decreto establece que las disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, una vez aprobadas por el Congreso de Tamaulipas, sin embargo; primero tendrá que ser aprobada en Comisiones.