Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Enrique Jorge “N”, enfrenta un proceso penal por haber autorizado de forma irregular la contratación de seguros de vida para personal médico durante la administración de Cabeza de Vaca, pólizas que nunca fueron cubiertas, por lo que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas solicitó su vinculación a proceso.

Durante la audiencia realizada en Ciudad Victoria, el juez de Control Juan Artemio Haro Morales impuso medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, la entrega de su pasaporte, una garantía económica de 500 mil pesos y la presentación mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) en Altamira.

Estas restricciones permanecerán vigentes mientras se define su situación jurídica, lo que podría tardar hasta dos años, según lo expuesto por el juez.

De acuerdo con la carpeta 503/2024, el exfuncionario habría solicitado en enero de 2020 la excepción al concurso de proveedores para contratar directamente a la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas, con el propósito de asegurar al personal de la Secretaría de Salud durante el periodo enero-diciembre de ese año.

Dicho contrato fue por cinco millones 867 mil pesos, una cifra que legalmente requería licitación pública de al menos tres participantes y no adjudicación directa, tal como se hizo.

Pese a que el pago se realizó en abril de 2020, la empresa incumplió el compromiso y desapareció tras recibir los recursos, dejando sin protección a los trabajadores que murieron por COVID-19 durante la emergencia sanitaria.

La denuncia contra el ex funcionario fue presentada en junio de 2023 por la apoderada legal de la dependencia, Deyanira Octavia Trujillo Soto, lo que dio inicio a la investigación penal y en octubre de 2024 se libraron órdenes de aprehensión contra Luz Olivia “G” y Héctor Francisco “M”, representantes de la empresa involucrada.

Ahora, el Ministerio Público busca que Enrique Jorge “N” sea vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado de las decisiones que habrían permitido el fraude con recursos públicos destinados a proteger al personal médico.

El juez concedió la duplicidad del plazo de 148 horas solicitada por la defensa del imputado para presentar pruebas, por lo que la próxima audiencia será celebrada el próximo lunes 20 de octubre de manera presencial en la sala F del Centro Integral de Justicia en Ciudad Victoria.