Ciudad Madero, Tamaulipas. - La diputada local de Tamaulipas, Cinthya Jaime hizo un llamado urgente a las autoridades de procuración de justicia para agilizar la activación de mecanismos de búsqueda de menores, como la Alerta Amber, al señalar que la burocracia no debe convertirse en un obstáculo ni sumar más dolor a las madres y padres que enfrentan la sustracción de sus hijos.

La legisladora recordó que cada día perdido puede significar un riesgo mayor para la integridad de los menores y criticó que, en la práctica, los trámites y la falta de coordinación entre dependencias retrasan acciones que deberían ser inmediatas.

“La burocracia no puede seguir retrasando la activación de alertas como la Amber; fueron creadas para actuar de forma rápida y efectiva. Cada hora cuenta cuando se trata de un niño o una niña en peligro”, subrayó.

La legisladora  puso como ejemplo el caso reciente en Altamira, donde pasaron cinco meses para que se emitiera una Alerta Amber tras la sustracción de un menor, tiempo durante el cual la madre tuvo que tocar puertas y llegar hasta la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que su denuncia avanzara.

La diputada adelantó que desde el Congreso del Estado impulsará reformas para fortalecer los protocolos de reacción inmediata y revisar la actuación de las fiscalías en estos casos, así como la posibilidad de endurecer sanciones en el Código Penal para quienes sustraen a menores, incluso si se trata de uno de los padres.

También pidió una mejor coordinación entre fiscalías, juzgados y organismos de protección infantil, pues “la seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes debe estar por encima de cualquier trámite administrativo”.

“Como legisladores tenemos la responsabilidad de revisar estas herramientas y exigir resultados. No podemos permitir que las familias vivan meses de incertidumbre por papeles y sellos que no salvan vidas”, enfatizó.

Cinthya Jaime aseguró que seguirá dando seguimiento al tema y exhortó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a transparentar y agilizar sus procesos, para que ninguna madre tenga que esperar meses para que el Estado proteja a sus hijos.