Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El presidente de la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas, Francisco Adrián Cruz Martínez, respaldó la solicitud de su compañera Magaly Deandar Robinson, para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise las cuentas públicas de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al considerar que “hay inconsistencias en el manejo de los recursos federales”.

El legislador por Morena subrayó que el Congreso tiene un compromiso con la sociedad tamaulipeca para seguir fiscalizando y exigir la rendición de cuentas, “especialmente aquellas vinculadas al gasto federalizado en la Secretaría de Salud y pagos a despachos jurídicos que lo defendieron -CDV-“.

Confirmó que existe presión legislativa para reabrir las cuentas públicas de la administración cabecista, pero reconoció que la ventanilla competente es ahora la Auditoría Superior de la Federación, por tratarse de recursos federales.

Cruz Martínez comentó que su compañera Magaly Deandar Robinson, presidenta de la Comisión de Anticorrupción en el Congreso, solicitó formalmente a la Auditoría Superior de la Federación una revisión exhaustiva de las cuentas públicas correspondientes a la administración del ex gobernador Cabeza de Vaca.

En un oficio dirigido al auditor Superior David Rogelio Colmenares Páramo, la legisladora tamaulipeca pidió abrir investigaciones sobre los recursos federales etiquetados para el estado en los ejercicios fiscales 2017 a 2022.

“Sí existen observaciones graves en los expedientes enviados por la Auditoría Superior del Estado. Determinamos en sentido negativo que había inconsistencias con la Ley de Disciplina Financiera y otras reglamentaciones”, señaló.

Respecto al exhorto emitido por la Diputación Permanente para revisar los pagos a dos bufetes de abogados entre 2016 y 2021, Cruz Martínez admitió que aún no se ha recibido respuesta formal por parte de la auditoría estatal. Sin embargo, insistió en que todo gasto público debe ejercerse con responsabilidad, y que cualquier anomalía debe ser investigada.

También destacó que la Fiscalía Anticorrupción ya ha derivado algunas vinculaciones a proceso y órdenes de aprehensión, resultado de investigaciones previas.

“Esperamos que sí nos alcance el tiempo en esta legislatura para ver resultados, porque es un reclamo legítimo. Son recursos públicos que pertenecen a la gente, y si no se ejercieron de manera honesta, clara y transparente, entonces ahí está la exigencia”, concluyó.

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