Ciudad Victoria, Tamaulipas.-.- Si algo debe quedar claro a todo servidor públicos, es que está sujeto al escrutinio ciudadano, y si comete alguna irregularidad, tendrá que enfrentar su responsabilidad, expuso Francisco Adrián Cruz Martínez, presidente de la Diputación Permanente, tras las más de 800 investigaciones de presuntas irregularidades
cometidas por ex funcionarios del sexenio pasado.

Comentó que si bien, todavía la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, continúa investigando las presuntas irregularidades cometidas en el pasado reciente -sexenio-, si ha logrado emitir al menos 8 órdenes de aprehensión, y se han dictado sentencias, la más reciente contra el ex secretario de Educación Mario "G".

El legislador por Morena, dijo que desde el Congreso siempre han sido muy respetuosos del estado de derecho y por ello quien tiene una responsabilidad pública debe de actuar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad.

"Y si no lo hacen tendrán que rendir cuentas de sus acciones, de sus decisiones en su momento, un funcionario público siempre va a tener la primera y más grande de las responsabilidades", explicó.

Subrayó que la actual administración estatal “no ha montado una cacería de brujas", pero sí persigue la verdad, porque toda las investigaciones que existen, están basadas en evidencias legítimas.

Hoy el funcionario público, subrayó Cruz Martínez, se está enfrentando a una sociedad distinta, más informada y mejor preparada, que está siendo más crítica y más participativa, por lo que es un reclamo de esta el que se castiguen situaciones como el daño al erario.

"Si se lleva un debido proceso y se encuentra la culpabilidad, bueno, es derivado de decisiones propias, entonces, nosotros estamos siempre y vamos a estar siempre del lado de la justicia y de que se hagan bien las cosas", dijo.

Cruz Martínez refirió que desde el Congreso la percepción es que la historia los va a ir juzgando a todos quienes debieron de haber actuado de una manera responsable y no lo hicieron, esto en referencia también a las cuentas públicas de la anterior administración estatal donde se observan grandes violaciones a la Ley de Disciplina Financiera, que llevo a reabrir las cuentas 2021 e incluso anteriores.