El 8 de septiembre de 2025 Hacienda entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para 2026. Se trata de un documento que trasciende los números porque define prioridades, equilibrios y riesgos de la administración. Ahí conviven cinco pilares: crecimiento prudente, déficit administrado, impuestos con intención correctiva, apoyo estratégico a Pemex y un eje social expansivo. Es un presupuesto que quiere ser ancla y motor al mismo tiempo.

El rango de crecimiento proyectado para 2026 está entre 1.8 y 2.8 por ciento, con una expectativa de inflación de 3.0 al cierre del año. El déficit estimado es de 4.1 por ciento del PIB, menor al 4.3 revisado para 2025, aunque mayor al 3.9 que se había planteado en la meta original del sexenio. Lo que se observa es un ajuste al alza en 2025, pero al mismo tiempo una corrección parcial hacia 2026, que busca estabilizar las finanzas preservando programas y metas. Esa precisión explica las distintas interpretaciones en los últimos días.

El gobierno proyecta que los ingresos tributarios lleguen a 15.1 por ciento del PIB en 2026, respaldados por un aumento real de 5.7 en la recaudación. Se alcanzaría un récord histórico que descansa en la modernización digital del SAT, con acceso en tiempo real a plataformas electrónicas y en la ampliación de la base de contribuyentes. Se trata de multiplicar eficiencia y cumplimiento con un enfoque digital más que de imponer cargas generalizadas.

Los programas sociales recibirán el equivalente a 3 por ciento del PIB, con cobertura estimada para 82 por ciento de los hogares del país. El diseño busca operar como estabilizador automático ante ciclos externos. La clave estará en mantener padrones claros, ejecución disciplinada y métricas que confirmen su carácter progresivo.

Pemex recibirá un apoyo por 263.5 mil millones de pesos destinado a amortizar deuda financiera. Es un salvavidas que gana tiempo y reduce riesgos sistémicos, con impacto limitado en el déficit consolidado si el resto de supuestos se sostiene. La petrolera deja de ser vista como un agujero sin fondo para presentarse como un actor que debe mostrar metas claras y disciplina operativa. Cada peso destinado a la empresa se compara con pesos destinados a educación, salud, ciencia o seguridad, por lo que la rendición de cuentas se convierte en condición obligada.

El paquete incorpora impuestos correctivos de carácter inédito. El IEPS a refrescos y bebidas azucaradas o endulzadas artificialmente subirá de 1.64 a 3.08 pesos por litro, un incremento cercano a 87 por ciento que incluye refrescos regulares, versiones light, polvos y concentrados. Se estima una recaudación de 41 mil millones de pesos que será dirigida al sistema de salud. En tabacos y productos de nicotina la tasa ad valorem pasa de 160 a 200 por ciento, con incrementos graduales hasta 2030. Se suman los productos de nicotina, salvo los terapéuticos con registro. Por primera vez se grava con un IEPS de 8 por ciento a videojuegos con clasificación C y D, tanto en ventas físicas como en descargas y contenidos adicionales, con un argumento centrado en la protección de la infancia y la salud mental. Y las apuestas y sorteos verán elevarse la tasa de 30 a 50 por ciento, abarcando tanto plataformas físicas como digitales, con el objetivo de cubrir los costos sociales asociados a la ludopatía. Estos impuestos buscan incidir en conductas y aliviar presiones en salud y convivencia social.

El presupuesto destina más de 228 mil millones de pesos a infraestructura estratégica. Entre los proyectos están la expansión de trenes en corredores como AIFA-Pachuca y Querétaro-Irapuato, la modernización de carreteras, el fortalecimiento de puertos y las obras de agua e infraestructura agrícola. Es una inversión territorial que pretende generar cohesión y productividad.

El calendario legislativo marca tiempos nítidos. El 20 de octubre la Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos. El 31 de octubre el Senado revisará esa ley. El 15 de noviembre es la fecha límite para que Diputados aprueben el Presupuesto de Egresos. Y el primero de enero de 2026 entrarán en vigor las leyes aprobadas. Cada fecha es más que trámite: son las ventanas políticas y técnicas donde se ajusta el destino del país.

La reacción de las calificadoras refleja una fotografía compleja. S&P Global Ratings ratificó la calificación de México en BBB con perspectiva estable, destacando la prudencia macroeconómica y la reducción paulatina del déficit, con posibilidad de mejora si el país logra atraer inversión y sostener disciplina. Moody’s en cambio mantiene la perspectiva negativa desde noviembre de 2024, con base en el déficit cercano a 6 por ciento de ese año y en riesgos institucionales relacionados con Pemex y la reforma judicial. El aplauso de S&P convive con la advertencia de Moody’s: confianza de corto plazo frente a vulnerabilidades estructurales.

El Paquete Económico 2026 también coloca sobre la mesa la necesidad impostergable de una reforma fiscal integral. Los impuestos correctivos aportan, la digitalización del SAT suma, pero el país requiere un rediseño estructural que atienda la doble exigencia de ingreso y gasto. México necesita más que ajustes parciales: necesita una reforma que logre progresividad real, amplíe la base, reduzca privilegios y dé sustentabilidad a programas sociales e infraestructura. Una reforma capaz de dialogar con la sociedad y que defina con claridad quién paga, cómo paga y para qué.

Los bancos también aparecen en el radar. La limitación de deducciones y el diseño de ciertas disposiciones fiscales impactarán a la banca múltiple. El sector financiero advierte que estas medidas encarecerán operaciones y podrían trasladarse a créditos y servicios. El dilema es evidente: fortalecer ingresos sin desalentar la intermediación que sostiene inversión y consumo. La banca es un engranaje sensible que merece atención en la calibración de estas reglas.

Y en el fondo late el tema de la deuda pública. El déficit proyectado y el apoyo a Pemex implican mayores necesidades de financiamiento. La deuda pública bruta se mantendrá alrededor de 50 por ciento del PIB, un nivel manejable frente a estándares internacionales, aunque con un ritmo de crecimiento que exige prudencia. El costo financiero seguirá siendo uno de los rubros de mayor peso, presionando el margen disponible para otros programas. La sostenibilidad de la deuda dependerá de mantener crecimiento estable, confianza de los mercados y disciplina en el gasto.

Un presupuesto es más que un balance: es la narrativa de un país. El de 2026 revela tensiones decisivas. La primera es la que se juega entre una recaudación récord y la elasticidad real de la economía: el reto es convertir proyecciones en flujos efectivos con un SAT digital que logre cumplimiento efectivo. La segunda es la que cruza gasto social expansivo y productividad: la cobertura debe transformarse en movilidad social y capital humano. La tercera es la que involucra a Pemex y la transición energética: amortizar deuda es imprescindible, pero no equivale a una estrategia energética de largo plazo. La cuarta es la que surge de los impuestos correctivos: el éxito dependerá de su aceptación ciudadana y de que los recursos lleguen al destino previsto en salud y prevención. La quinta es la que proyecta el espejo de las calificadoras: reconocimiento en lo inmediato, pero reservas frente a la fragilidad estructural. Y se suma una sexta, la más estratégica: la urgencia de una reforma fiscal integral que dé permanencia al andamiaje y la vigilancia sobre una deuda pública que crece como sombra silenciosa.

El Paquete Económico 2026 es un ejercicio de disciplina con imaginación. Busca reducir déficit, ampliar recaudación, proteger hogares, cuidar Pemex y moldear hábitos de consumo. Su virtud está en la coherencia, su riesgo en la ejecución. México ha probado su resiliencia en coyunturas complejas; ahora toca transformar esa resiliencia en productividad y bienestar duradero. El desafío no es anunciar cifras, sino ejecutarlas con precisión, medir sus resultados y comunicar con transparencia cada paso. La economía mexicana se mide en tasas y porcentajes, pero también en la capacidad de convertir esos números en vidas mejores.

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David Vallejo

Politólogo y consultor político, especialista en temas de gobernanza, comunicación política, campañas electorales, administración pública y manejo de crisis. Cuenta con posgrados en Estados Unidos, México y España. Ha sido profesor, funcionario estatal y federal, así como columnista en Veracruz, Tamaulipas y Texas. Escritor de novelas y cuentos de ficción. Además, esposo amoroso, padre orgulloso, bibliófilo, melómano, chocoadicto y quesodependiente.