En Tamaulipas, el nombre de José Ramón Gómez Reséndez está grabado en la historia del transporte pesado y, para muchos, en los orígenes del robo y tráfico ilegal de hidrocarburos.

El “Pepillo” Gómez, empresario con décadas de presencia en el sector, es padre del actual senador morenista José Ramón Gómez Leal, suegro de Francisco García Cabeza de Vaca y figura central en los señalamientos sobre el control del huachicol en la frontera norte del país.

Su empresa de transporte, conocida como GOR, fue contratista de Pemex en la Cuenca de Burgos durante el sexenio de Felipe Calderón.

En 2006, un tractocamión de su flota fue detenido transportando 40 mil litros de gas condensado presuntamente robado.

El hecho quedó asentado en reportes de seguridad interna y de la entonces Procuraduría General de la República.

Aunque el caso no derivó en imputaciones directas contra Gómez Reséndez, alimentó la percepción de que su operación logística tenía rutas y permisos que iban más allá de lo legal.

La historia de Pepillo Gómez también está marcada por episodios de violencia. En 2008, Manuel Gómez García, ex presidente nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y pariente cercano, fue secuestrado y asesinado de un tiro en la cabeza en Reynosa. Versiones no oficiales señalaron que el crimen estuvo vinculado a disputas por el control de rutas y cargamentos de hidrocarburos robados.

El asesinato nunca se esclareció, pero dejó un mensaje claro en el mundo del transporte: en Tamaulipas, el negocio del combustible ilegal tenía nombre y apellido.

El entramado político añadió otro nivel de protección y poder. La relación familiar y política entre Pepillo Gómez y el ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca abrió un periodo en el que, según testimonios de exmandos estatales, las carreteras tamaulipecas se llenaron de retenes que operaban más como filtros de cobro que como puntos de seguridad.

Estos puestos garantizaban el tránsito libre de camiones cargados con combustible robado, siempre y cuando se cumpliera con el pago pactado.

En ese esquema, José Ramón Gómez Leal, conocido como “JR”, no fue un actor menor.

Desde su papel en la política estatal y luego en cargos federales, habría servido como operador y enlace para suavizar tensiones con autoridades federales y mantener el negocio fuera del radar de investigaciones profundas.

Las recientes incautaciones de combustible en Altamira y en la colonia La Escondida, en Reynosa, han reavivado las sospechas. Aunque oficialmente no existen imputaciones directas contra Pepillo, JR o Cabeza de Vaca, en el ámbito político tamaulipeco pocos dudan de que por lo menos en los últimos veinte años el huachicol ha tenido un mando centralizado.

En los cafés políticos de la frontera, se dice que el negocio de Pepillo no fue improvisado: fue un modelo de operación que combinó logística empresarial, control territorial y blindaje político.

Un triángulo donde el transporte, la política y el crimen convergieron para convertir el combustible robado en una fuente constante de riqueza.

En Tamaulipas, muchos saben quién fue el precursor del negocio del huachicol desde hace décadas.

Ese negocio ha formado un linaje durante muchos años. Los Gómez Resendez, Gómez Leal y García Cabeza de Vaca Gómez.

Carlos López Arriaga

Autor de la columna “Interiores”, comunicólogo nacido en Ciudad Mante, radicado en Ciudad Victoria. Ha tenido varias responsabilidades en distintos medios de comunicación. La columna “Interiores” se publica en medios impresos de Tamaulipas como Grupo Expreso (Victoria, Tampico, Mante), El Mañana de Reynosa y numerosos medíos digitales de toda la entidad. Dos premios estatales de periodismo “Manuel Buendía”, en los géneros de Crónica y Entrevista.s