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Magistrado de Tamaulipas pide incluir a Fiscalía y SP en indagatorias a jueces por casos de extorsión

El presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamez, dijo que investigarán a los jueces de Reynosa, pero que debería incluirse a la FGJ y a Seguridad Pública
Por: Josué Escamilla / Ciudad Victoria El Día Viernes 15 de Agosto del 2025 a las 17:58

Hernán de la Garza Tamez, magistrado en Tamaulipas
Autor: Josué Escamilla
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Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Hernán de la Garza Tamez, informó que se inició una investigación exhaustiva contra los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, adscritos a Reynosa, por su intervención en resoluciones penales relacionadas con el delito de extorsión.

La indagatoria, ordenada a través de la Visitaduría del Poder Judicial del Estado, responde a un exhorto de la diputación permanente del Congreso local, luego de que en dos casos distintos los jueces modificaron medidas cautelares y liberaron a imputados que habían sido procesados con prisión preventiva.

De la Garza Tamez señaló que, aunque el exhorto se dirigió únicamente al Consejo de la Judicatura, también deberían incluirse a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, pues su actuación es determinante en estos procesos. Subrayó que la intención no es prejuzgar, sino analizar a fondo si hubo responsabilidad de los jueces.

En uno de los casos, explicó, el juez Rocha impuso prisión preventiva oficiosa y justificada a cuatro imputados, sustentada en su alto riesgo, falta de arraigo y la gravedad del delito. Sin embargo, jueces federales de distrito concedieron amparos que ordenaron retirar la prisión preventiva oficiosa, lo que llevó a la defensa a solicitar un cambio de medidas cautelares, apoyándose en un dictamen de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones que clasificó a los acusados como de bajo riesgo. El documento no fue objetado por el Ministerio Público ni por el asesor jurídico de la víctima.

“Llama la atención que no se haya interpuesto recurso de apelación en este caso, lo que obliga a revisar también la actuación del Ministerio Público y de las áreas técnicas de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo el magistrado, quien estimó que la investigación podría tardar un par de semanas antes de determinar si la actuación judicial fue conforme a derecho.

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