Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El gobierno de Tamaulipas investiga contratos otorgados por la Secretaría de Obras Públicas, ante señalamientos de posibles vínculos entre empresas contratistas y un empresario recientemente extraditado a Estados Unidos por presuntas actividades ilícitas, informó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

La funcionaria estatal confirmó que se abrió una revisión interna para determinar si hubo irregularidades en la asignación de obras a un ex proveedor estatal.

“Si se encuentran elementos de que esos contratos no se llevaron a cabo conforme a la normatividad, debemos proceder. De existir indicios de delito, se dará vista a la Fiscalía estatal o federal”, advirtió.

Pedraza Melo precisó que el órgano interno de control integrará la investigación con todos los elementos de modo, tiempo y lugar, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, rechazó que las empresas señaladas tengan relación con el empresario investigado.

En el caso de JFK, aseguró que pertenece a un ingeniero de Reynosa, ex presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), con más de 40 años de trayectoria, y que no existe vínculo alguno con el acusado.

Respecto a Megamax, explicó que en 2023 obtuvo seis contratos —cuatro por licitación pública y dos por invitación— por un total de 27 millones de pesos con IVA, cumpliendo con todos los requisitos fiscales, de seguridad social y registro ante la CMIC.

“No encontramos ninguna irregularidad. El presunto vínculo surgió tras la detención del acusado, pero en el acta constitutiva no aparece como representante legal ni accionista. Es completamente falso que haya relación con ese personaje”, afirmó.

Cepeda Anaya añadió que uno de los empresarios solicitó reunirse para aclarar públicamente los señalamientos y subrayó que la dependencia no cuenta con un área de inteligencia para indagar la vida personal o familiar de los contratistas.

La investigación sigue en curso y, de confirmarse alguna irregularidad, el Gobierno estatal anticipó que actuará conforme a derecho.

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