Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Ante el incremento del delito de extorsión y la inseguridad que prevalece en al menos 18 entidades del país, es urgente la Ley General contra la Extorsión, pues en seis meses creció 25 por ciento, señaló la diputada federal por Tamaulipas, Blanca Araceli Narro Panameño.

Este delito, expuso la legisladora federal, afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las MiPyMEs y familias mexicanas.

“La extorsión afecta gravemente a empresas, comercios y personas físicas, con un daño estimado en 124 mil millones de pesos anuales.”

Sus modalidades como llamadas, mensajes, cobro de piso e intimidación generan incertidumbre y frenan el desarrollo inclusivo del país, argumentó la legisladora federal por Tampico.

Comentó que en el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoce que la extorsión ha diversificado sus modalidades de operación, llegando incluso a amenazar a servidores públicos y autoridades en diversos niveles de gobierno.

“Es urgente aprobar la Ley General contra la extorsión, esto ante los recientes hechos de violencia y la inseguridad que prevalece en diversos estados del país y que lastiman a familias y a toda la sociedad”, argumentó Narro Panameño.

La secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados detalló que la extorsión es el delito con mayor incidencia y con una preocupante tasa de crecimiento, con una prevalencia delictiva de mil 562 por cada 10 mil unidades económicas.

En 2024 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo que representa una tasa de cinco mil 213 casos por cada 100 mil habitantes.

Reiteró que la iniciativa que más ha mencionado la presidenta es el tema de la extorsión, toda vez que pese a que el gobierno federal lanzó el mes pasado la estrategia nacional contra la extorsión, este delito de alto impacto tuvo un incremento del 25.4 por ciento durante el primer semestre del año.

Narro Panameño precisó que esta propuesta representa un avance importante en la lucha contra este delito que afecta a miles de mexicanos cada año y que, recientemente, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, reconocía que es un ilícito al que está recurriendo la delincuencia organizada.

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