Investigador UAT en Migración y Remesas. Nivel 2 del SNII SECIHTI.

Nueva Reforma migratoria y más visas laborales

Las congresistas latinas María Elvira Salazar (republicana, Florida) y Verónica Escobar (demócrata, Texas) han presentado una propuesta bipartidista conocida como la "Ley Dignidad", cuyo objetivo central es ofrecer una solución al déficit de mano de obra en sectores clave de la economía estadounidense como la agricultura, la construcción y los servicios. El plan busca:

Otorgar estatus legal temporal con derecho a trabajar a inmigrantes indocumentados que llevan años en EE.UU., sin prometer ciudadanía automática o residencia permanente inmediata.

Actualizar y flexibilizar las categorías de visas temporales, especialmente H-2A (para trabajadores agrícolas) y, en menor medida, otras relacionadas como H-1A/H-2B (para trabajadores profesionaes), para así responder mejor a las necesidades reales de empleadores estadounidenses.

Exigir que los trabajadores temporales obtengan "ofertas de empresas patrocinadoras" dispuestas a cumplir con los requisitos del Departamento de Trabajo, demostrando que no hay suficientes estadounidenses para esas vacantes.

La Ley Dignidad también contiene medidas para reforzar la seguridad fronteriza y acelerar procesos de asilo, junto con cambios en el sistema E-Verify, pero hace hincapié en que no es una amnistía, sino una vía para que los inmigrantes antiguos en el país puedan trabajar y contribuir legalmente, mientras esperan una solución a largo plazo. Esto es una especie de "Segunda Vuelta del viejo Plan Paisano" de los años 60 del siglo pasado.

Datos de la Oficina del Censo para 2023, registran en EE.UU. una población inmigrante (personas nacidas en el extranjero) con un máximo histórico estimado de 47.8 millones. Esto equivale al 14.3% de la población total del país

De lo anterior, alrededor de 24.5 millones de inmigrantes residentes nacieron en América Latina y el Caribe, según datos del censo estadounidense. 

Dentro de este grupo, México continúa como el país de origen principal, con aproximadamente 10.9 millones de inmigrantes mexicanos. De los cerca de 11 millones de mexicanos, alrededor de 5.2 millones son inmigrantes no autorizados (indocumentados) en 2021.

MANO DE OBRA INDISPENSABLE:

Los inmigrantes constituyen la base de la mano de obra en agricultura, construcción, hostelería y servicios. Por ejemplo, más del 70% de los trabajadores agrícolas y alrededor del 30% de los de la construcción son inmigrantes, muchos sin papeles.

El sector agrícola requiere cubrir 2.4 millones de puestos cada año, pero resulta cada vez más difícil atraer trabajadores estadounidenses debido a la dureza de las labores y bajos salarios.

Las limitaciones en la mano de obra han provocado aumentos salariales y presionado los precios de los consumidores, amenazando la rentabilidad de empresas agrícolas y de servicios.

Donald Trump y sectores aliados impulsan una política de deportación masiva, con la meta declarada de expulsar hasta un millón de inmigrantes por año, sin discriminar si tienen o no antecedentes criminales. Durante su último mandato, ya se reportaron decenas de miles de detenciones mensuales, con operaciones incluso en ciudades santuario y lugares de trabajo. El 71% de los detenidos recientemente no tenía antecedentes criminales graves.

Esta política significaría una profunda escasez de mano de obra en las industrias que dependen de inmigrantes, con el riesgo de pérdida de producción y aumentos en los precios finales.

Los empleadores (granjeros, constructores, cadenas de hoteles y restaurantes) han advertido que no es viable sustituir la mano de obra inmigrante por ciudadanos estadounidenses, ya que la oferta nacional no cubre las vacantes debido a las condiciones y compensaciones laborales poco atractivas.

Las propuestas como la Ley Dignidad buscan ofrecer una alternativa pragmática ante la crisis laboral y la imposibilidad material de reemplazar a millones de trabajadores inmigrantes por ciudadanos estadounidenses.

Sin un sistema de visas temporales ágil y un compromiso para legalizar la situación de muchos inmigrantes existentes, la economía estadounidense, especialmente en tareas esenciales, pero poco remuneradas, enfrenta riesgos severos de escasez, encarecimiento y efectos negativos en toda la cadena de suministro.

Estas alternativas intermedias, aunque no ofrecen residencia ni ciudadanía automática, sí aportarían estabilidad laboral y seguridad tanto para los inmigrantes como para quienes dependen de su trabajo.

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.