Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la reforma al artículo 8° de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, que permite ejecutar órdenes judiciales dentro del recinto legislativo con autorización de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente.

La resolución responde a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes alegaban que esta disposición vulneraba el principio de inviolabilidad del Congreso y el fuero legislativo. Sin embargo, la mayoría del Pleno de la Corte determinó que la norma es constitucional y que no se contrapone con el fuero, ya que no impide el ejercicio legislativo ni vulnera la investidura de los diputados.

La ponencia, a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, aclaró que el fuero protege la función y la libertad de expresión del legislador, pero no convierte al recinto legislativo en un refugio para evadir la justicia. Por tanto, una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial competente puede ejecutarse dentro del Congreso, siempre que exista el consentimiento de su órgano de gobierno.

No todos los ministros estuvieron de acuerdo. Tres votos en contra advirtieron que esta medida podría abrir la puerta a detenciones políticas o indebidas, especialmente si se trata de diputados electos que aún no rinden protesta y por tanto no gozan de fuero. Sin embargo, la mayoría del Pleno concluyó que la medida no es una invasión al Poder Legislativo, sino un mecanismo que equilibra el respeto a sus procesos internos con la aplicación de la ley.

IMPLICACIONES PARA TAMAULIPAS

Esta decisión tiene efectos directos en el contexto político y legal del Estado. En los últimos años, en Tamaulipas ha sido frecuente que legisladores o actores públicos busquen resguardarse en el recinto del Congreso para evitar detenciones, amparándose en una interpretación amplia del fuero o de la inviolabilidad del recinto.

Con este fallo, la Corte elimina esa zona de ambigüedad y confirma que los recintos legislativos no son inmunes a la acción judicial. Aunque sigue siendo necesaria la autorización de la propia Mesa Directiva, se abre la puerta a que mandamientos judiciales, como órdenes de aprehensión, aseguramientos u otras resoluciones, puedan cumplirse dentro del Congreso, sin que ello implique una violación a la soberanía legislativa.

El fallo de la SCJN sienta un precedente clave para Tamaulipas y otros estados: el fuero no es impunidad, y ningún recinto institucional está por encima del cumplimiento de la ley. La resolución refuerza el Estado de derecho y marca un alto a los intentos de blindaje institucional frente a la justicia penal. Ahora, cualquier persona dentro del Congreso podrá ser sujeta a mandatos judiciales si así lo determina un juez y se autoriza conforme a la norma interna del Poder Legislativo.