Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para el cierre de mayo, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas tiene bajo investigación 790 casos de probable corrupción, donde están implicados 458 funcionarios y un daño al erario público que supera los 525 millones de pesos.

Jesús Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, refirió que las carpetas de investigación iniciadas, incluyen a 458 funcionarios públicos de niveles medio y alto, destacado entre los casos más avanzados el del exsecretario de Bienestar, Rómulo Garza Martínez, vinculado a proceso por presunto daño al erario por 125 millones de pesos.

Otro de los casos que sigue abierto y con nuevas diligencias, es el que involucra al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (IPSSET), donde se detectaron posibles omisiones en el entero de retenciones de los trabajadores.

“Actualmente se analizan responsabilidades de exsecretarios, subsecretarios y directores, por posibles omisiones millonarias”, precisó Govea Orozco.

Sostuvo que en sola secretaría se habría detectado un daño financiero superior a los 400 millones de pesos, de comprobarse, sería uno de los fraudes institucionales más grandes en la historia reciente de Tamaulipas.

Aunque muchos casos pertenecen a la pasada administración estatal, el Fiscal Anticorrupción, confirmó que están abiertas 15 carpetas que corresponden a servidores públicos del actual gobierno estatal y municipal.

Lo que sí dejó en claro Govea Orozco, es que no existe sesgo político en las investigaciones.

“Estamos aquí por deber legal, no por intereses partidistas, actuamos con pruebas y sin filias”, afirmó.

Por otra parte, y aunque no quiso ahondar en el tema, reiteró que sí es investigado el ex gobernador priísta, Egidio Torre Cantú, por presunto fraude en el IPSSET.

El caso, explicó, involucra el desvío de cuotas retenidas a trabajadores estatales entre 2010 y 2016.

“El expediente está muy avanzado y próximamente se darán a conocer más detalles. Se trata de cuotas descontadas para pensiones, servicios médicos, ahorros y préstamos que no fueron enteradas al instituto. Estamos analizando cuál es la posible responsabilidad que pudieran tener todos los niveles de servidores públicos”, declaró.