Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El fiscal especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó que el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, enfrenta denuncias penales por presuntos actos de peculado, desvío de recursos públicos y ejercicio indebido de funciones, sin embargo, no existe al momento una orden de aprehensión en su contra.

El fiscal precisó que las denuncias contra el edil de Reynosa ya estaban integradas antes de su llegada al cargo y forman parte de las carpetas activas bajo análisis en esta Fiscalía. Pese a la especulación pública, no hay ningún mandamiento judicial vigente contra alcaldes en funciones.

“Se ha hablado mucho de este tema, pero quiero ser claro: no hay una orden de aprehensión contra el alcalde en funciones de Reynosa ni de ningún otro municipio”, enfatizó.

El funcionario señaló que algunas de estas carpetas podrían derivar eventualmente en judicializaciones, pero ello dependerá de los elementos probatorios, la conducta procesal de los investigados y la determinación de un juez.

15 ÓRDENES Y MÁS EN CAMINO

Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción ha obtenido 15 órdenes de aprehensión, y analiza al menos ocho más relacionadas con funcionarios de la administración estatal anterior.

Los cargos en estos casos van desde secretarios, subsecretarios, hasta directores generales, con imputaciones como peculado, abuso de autoridad, cohecho, y delitos conexos.

El fiscal destacó que todas las órdenes vigentes han sido sustentadas legalmente, y que ninguna ha sido revocada por medios de defensa promovidos por los imputados.

“No se trata de que se vea o no se vea el avance. Se trata de garantizar la legalidad de cada actuación para que resistan cualquier impugnación. Y así ha sido: ningún amparo ha procedido en lo que va del año”, subrayó.

CASOS YA JUDICIALIZADOS

Entre los exfuncionarios ya vinculados a proceso destacan el exsecretario de Educación, el extitular de Seduma y exfuncionarios de Bienestar y Finanzas, quienes enfrentan procesos penales por corrupción derivados del ejercicio de recursos públicos durante el sexenio anterior.

La Fiscalía confirmó que todos los casos activos se manejan con estricto apego a protocolos legales, y que cualquier posible solicitud de orden de aprehensión será presentada ante un juez únicamente si se acredita necesidad de cautela, es decir, si el imputado ha evadido comparecencias o existen riesgos procesales.

oal