El concepto es muy amplio. El martes pasado fue usada en el Congreso Local por el diputado morenista Marco Antonio Gallegos Galván, en relación con su iniciativa que, dicen los enterados, busca proporcionar dientes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside la doctora Taide Garza Guerra. Su postura es correcta: “No podemos seguir permitiendo que las recomendaciones en materia de derechos humanos sean tratadas como simples exhortos sin consecuencias. La impunidad institucional tiene que terminar”.

De siempre esa conducta ha permeado en todos los niveles de gobierno. La impunidad institucional es tan basta, que difícilmente se pueden abordar sus aristas en un dos por tres: pero si vale sentenciar que esa impunidad institucional es la puerta para la corrupción, tanto de servidores públicos como ciudadanos que trafican con influencias o que convierten a los servidores públicos en cómplices… es, además, cuando el Estado, los servidores públicos, violan las disposiciones que garantizan la integridad personal y patrimonial de las personas.

LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS.

El Estado tiene el deber, la tarea y responsabilidad, de proteger y garantizar la integridad física y patrimonial de la población. Sin embargo, el caso es que, una y otra vez, los fiscales y policías, que son los encargados de prevenir las conductas ilícitas, son quienes las desarrollan. Los acusan de corrupción, de extorsión; y a los jueces y magistrados, los acusan de venderse. Así, cuando un particular presenta su queja ante Derechos Humanos… a la institución, a los servidores públicos, buscan burlar la recomendación y en el peor de los casos, ni caso le hacen.

No son los únicos: también, dentro de la acusación de violar los derechos humanos, de pronto aparecen también los profesores. Lo hacen con su conducta, que a veces es por maltrato o por omisión ante quejas de alumnos agredidos… en la práctica, los acusados de violar derechos humanos, pocas veces se les aplica un castigo: porque son exhortos y no hay forma de obligarlos a modificar la conducta.

Es positiva la propuesta: el servidor público acusado tendrá que dar una explicación su conducta en el periódico oficial del Estado; en caso de persistir, será obligado a comparecer ante los legisladores. Y si persiste en ignorarla el exhorto, se le podrá fincar acusar ante la fiscalía. En fin, es solo una propuesta… falta que la aprueben, pero la intención es buena: porque, en la mayor parte del tiempo, la Comisión de Derechos Humanos, de aquí y de allá, han sido simples floreros institucionales.

HONRADEZ PUBLICA.

En la época neoliberal la honradez publica era solo demagogia. Cada sexenio, al inicio del mismo, el presidente en turno acusaba a uno del anterior de corrupción, lo metía a prisión, y con eso demostraba que estaba en sintonía con cumplirle al pueblo y mostrar honradez. Se recuerda como Ernesto Zedillo logro poner en prisión a Raúl Salinas, al hermano del expresidente. Fue todo un caso, por las implicaciones del investigado. Otros casos de corrupción, tremenda, es la que se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto; la nueva generación que presento como parte de la nueva política pronto, muy pronto, mostro su voracidad con el presupuesto.

AMLO como candidato, luego como presidente, hizo de la honradez un slogan: no robar, no traicionar ni engañar al pueblo. Sin embargo, también pregono la lealtad y la fidelidad, de ahí que en su sexenio no se haya detenido a miembros de su gabinete; y del anterior, agarro a Emilio Lozoya, como una vía para llegar más arriba: no funciono, eso de la oportunidad, es decir, convertirse en testigo protegido, puesto que no fue capaz, o no quiso, presentar pruebas de corrupción. Lo cierto, incuestionable, es que cada sexenio hay nuevos ricos, precisamente por la impunidad institucional.

NO HAY CASTIGO.

La impunidad institucional es parte de la idiosincrasia de la política mexicana. Recuerdo que hace varios sexenios, un presidente municipal de la zona centro era acusado una y otra vez de corrupción, de ser un mal servidor público. Así, un día le pregunte al secretario particular del gobernador: si todo mundo da por sentado que es un corrupto, ¿Por qué no lo quitan? Y la respuesta me sorprendió: nosotros también estamos seguros de eso, pero si lo quitamos, daremos la imagen de que el gobierno es corrupto. ¿Imposible tapar el sol con un dedo?

Y tal parece que en la 4T prevalece la lealtad sobre la corrupción o la ineficiencia. Se han documentado casos de corrupción y no se les castiga: AMLO solo cambio de adscripción a Ignacio Ovalle, de la estafa en SEGALMEX; explico que era un buen hombre, pero que lo habían engañado sus colaboradores. En el presente sexenio, Raquel Buenrostro en su condición de secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, cancelo o bloqueo la compra de medicamentos, porque encontró amaño en las licitaciones y en la adjudicación de compras: a los culpables solo los despidieron… en un peligro y al rato ya estén en otro puesto gubernamental, porque son fieles, aunque sean corruptos.

Melitón Guevara Castillo

Licenciado en Administración Pública (UAT),  Doctor en Comunicación y Periodismo (Universidad de Santiago de Compostela).

Profesor Emérito de la UAT. Líder del Grupo de Investigación “Democracia y Comunicación Política” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Victoria, Tam.,).

Representante en Tamaulipas de la Red Nacional de Investigadores de la Calidad de la Democracia.  

Escribe la columna política DESDE ESTA ESQUINA, desde 1984 en El Diario de Cd. Victoria y actualmente en Hoy Tamaulipas.