Ciudad Victoria, Tamaulipas. - A través de su cuenta X, Juan Dabdoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, consideró que en Tamaulipas se está limitando la libertad de quienes buscan cambiar su orientación sexual voluntariamente a través de las terapias de conversión.

Y es que recientemente, los diputados del Congreso tamaulipeco aprobaron la tipificación de las terapias de conversión como delito y señaló que se castigará con una pena de entre dos y seis años en prisión o multas de hasta 2 mil UMAs (Unidad de Medida y Actualización) o aproximadamente 226 mil pesos al día de hoy a quien imparta, obligue, financie promueva o aplique terapia de conversión.

Si bien grupos de derechos humanos celebran la iniciativa como un avance en la protección de la comunidad LGBTQ+, otros sectores consideran que se está limitando la libertad de quienes buscan cambiar su orientación sexual voluntariamente.

“Esta iniciativa es de las más peligrosas que se pueden aprobar en una legislatura, porque la están haciendo sin ningún sustento científico y condicionan la vida de quienes desean un cambio”, afirmó.

El líder profamilia sostiene que la homosexualidad no es una condición innata, y cita estudios científicos que, según él, descartan la existencia de un "gen gay".

Bajo esta premisa, argumentó que si alguien adquirió su orientación de manera inconsciente, también podría modificarla conscientemente a través de terapias.

Por otro lado, defensores de los derechos LGBTQ+ y expertos en salud mental han advertido sobre los riesgos de estas prácticas. Diversos estudios han documentado que las terapias de conversión pueden provocar depresión, ansiedad e incluso pensamientos suicida.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han condenado estos métodos al considerarlos dañinos y discriminatorios.

Mientras sectores conservadores abogan por la libertad de quienes desean acceder a estas terapias, especialistas y defensores de derechos humanos insisten en que su eliminación es un paso crucial para la protección de la comunidad LGBTQ+.

oal