Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El caso del secuestro y homicidio de la política y empresaria Elena Lavín Montemayor, ocurrido en diciembre de 2022, dio un nuevo giro esta semana luego de que un juez del sistema penal acusatorio ordenó la liberación de tres hombres previamente señalados como presuntos responsables.

Alan Eduardo “N”, Jesús Alejos “N” y Carlos Alberto “N”, quienes permanecían recluidos desde 2023, fueron puestos en libertad tras una audiencia en la que el juez determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no eran suficientes para dictar una sentencia condenatoria.

La Fiscalía había sustentado su acusación en 40 declaraciones testimoniales, grabaciones obtenidas por las cámaras de videovigilancia del C4, estudios científicos y tecnológicos, así como evidencia relacionada con la presunta exigencia de un millón de pesos para liberar a Lavín Montemayor.

Según la investigación, los imputados habrían ingresado al domicilio de la víctima, ubicado entre las calles 9 y 10 de Adolfo López Mateos en Ciudad Victoria, donde la habrían golpeado hasta causarle la muerte el 28 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la narrativa fiscal, el cuerpo fue retirado en un vehículo y posteriormente se realizaron llamadas a la familia solicitando el rescate. El cadáver fue localizado tres días después, el 31 de diciembre, en el kilómetro 16 de la carretera a Rumbo Nuevo.

No obstante, pese a los elementos recabados, el juez consideró que las pruebas no acreditaban de manera concluyente la responsabilidad penal de los tres imputados, ordenando su liberación inmediata.

Sin embargo, la Autoridad Judicial estimó que existía insuficiencia probatoria y que no se actualizaba el supuesto de Secuestro Agravado por el que se acusó; circunstancia por la cual el Representante Social interpondrá el recurso correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia refrenda su compromiso de no dejar impune los hechos que atentan contra la vida y la libertad de las y los tamaulipecos,  así como de trabajar  para llevar ante los tribunales a los responsables para que sean castigados.

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