Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal local que tipifica como delito cualquier práctica que atente contra la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas, incluidas las denominadas “terapias de conversión”.

La iniciativa, impulsada por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson, del Grupo Parlamentario de Morena, busca sancionar acciones que pretendan modificar o suprimir la orientación sexual o identidad de género de una persona, por considerarlas prácticas “crueles, inhumanas o degradantes”.

La reforma introduce el Capítulo IV Ter al Título Duodécimo del Código Penal de Tamaulipas, bajo el nombre “Delitos contra la Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género de las Personas”. En este nuevo apartado se incorpora el artículo 276 Octies, que establece penas de dos a seis años de prisión, así como multas de hasta 2 mil UMAs, para quienes impartan, obliguen, financien o apliquen este tipo de terapias.

Las sanciones aumentarán en una mitad del mínimo y máximo cuando estas prácticas se ejerzan contra personas menores de edad, con discapacidad, adultas mayores o en contextos de poder o subordinación, como el ámbito médico, familiar o laboral.

De acuerdo con la legisladora Deandar Robinson, el dictamen fue producto de un amplio consenso político y social. En su elaboración participaron el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, así como colectivos LGBTTTIQ+, profesionales de la salud mental y personas con discapacidad.

“Con esta medida refrendamos el compromiso de construir una sociedad más justa y cercana, que reconozca, proteja y garantice el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas”, afirmó la diputada durante su intervención en tribuna.

La aprobación de esta reforma posiciona a Tamaulipas entre las entidades federativas del país que legislan en favor de la protección de los derechos de la diversidad sexual y de género, en concordancia con recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.