En teoría, México es una república con división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno con funciones definidas y límites claros. En teoría. En la práctica, esta división ha sido más una aspiración que una realidad. Hoy, en pleno 2025, estamos a punto de ver por primera vez una elección popular de jueces, mientras presidentes, gobernadores y alcaldes siguen jugando una partida vieja: la del poder absoluto.

 ¿Realmente existe la división de poderes en México? Seamos honestos. Desde la presidencia hasta las gubernaturas, lo común ha sido que quien llega al Ejecutivo busca, a toda costa, el control del Congreso y, si se puede, también de los tribunales. Con mayorías disciplinadas y ministros cercanos, la idea de pesos y contrapesos ha sido más adorno que estructura real.

Ahora bien, tampoco podemos idealizar al Poder Judicial. Buena parte de su desprestigio se lo ha ganado a pulso. Abundan las sentencias vendidas, las redes de favores, los compadrazgos y el nepotismo. Jueces que heredan puestos, que dictan resoluciones por consigna política o interés económico. La justicia en México suele ser lenta, opaca e inaccesible para el ciudadano común. Claro: también hay juristas íntegros, valientes, comprometidos. Pero son más la excepción que la norma.

También es justo reconocer que esta reforma surge en un contexto de profunda impunidad. Según México Evalúa y datos del INEGI, más del 90% de los delitos en el país quedan sin castigo, y apenas 7 de cada 100 casos que llegan a las fiscalías estatales logran una resolución. Durante más de una década, organizaciones independientes han evaluado sistemáticamente el desempeño de nuestras instituciones de justicia, mostrando una realidad insostenible. Por eso, aunque el modelo de elección judicial aún está en construcción y plantea muchos retos, es comprensible que exista un legítimo impulso por cambiar un sistema que ya no responde.

La ciudadanía podrá, por primera vez, decidir sobre quienes integran el Poder Judicial. Muchos jueces en funciones competirán para continuar en sus cargos, y si bien el proceso tiene carencias en difusión, claridad y formatos, también representa una oportunidad para acercar la justicia a la sociedad y para exigir perfiles con verdadera vocación y solvencia. La toga no debería ganarse por simpatía, pero sí validarse con legitimidad pública.

Dicho esto, también hay que mirar al espejo. No todo el problema es la concentración del poder. A veces, cuando el Congreso ha sido un contrapeso real, ha frenado reformas por mezquindad política, no por el bien común. La falta de civilidad ha convertido a muchos congresos en trincheras. En lugar de legislar, sabotean. En vez de construir, destruyen.

Y el Poder Judicial, cuando ha tenido la oportunidad de actuar como equilibrio, muchas veces ha preferido callar, retrasar o plegarse. No siempre por presión externa, sino por comodidad interna, por intereses enquistados o por miedo. Porque seamos claros: el sistema está podrido. Y mientras no se regenere desde dentro, cualquier reforma será puro maquillaje institucional.

Ahora bien, no somos los primeros en experimentar con el voto judicial. En Estados Unidos, en varios estados se elige a jueces mediante voto popular. El sistema no es perfecto, pero funciona con cierta estabilidad. ¿La diferencia? Allá hay reglas claras, campañas visibles y una ciudadanía más acostumbrada al modelo. Aquí vamos al experimento sin red.

¿Es bueno o malo para la sociedad?

Depende. Una mayoría fuerte puede tomar decisiones rápidas y necesarias. Pero también puede atropellar derechos, minorías y disidencias. Cuando un solo grupo controla el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, lo que tenemos no es una democracia: es una hegemonía maquillada.

La verdadera democracia no consiste en arrasar con todo, sino en aprender a negociar, a ceder, a convivir con el límite. Porque ningún poder absoluto es benigno. Hoy puede estar de tu lado… mañana en tu contra.

Más que preguntarnos si es bueno o malo que un político busque el control total, deberíamos cuestionarnos: ¿qué clase de país estamos construyendo cuando aplaudimos la concentración del poder y no su equilibrio? ¿Queremos ciudadanía o clientelismo? ¿República u obediencia?

México necesita menos culto al líder y más fe en las instituciones. Y para eso, hay que defender —con hechos, no con discursos— esa división de poderes que tanto se presume y tan poco se respeta.

“Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en una misma persona o en un mismo cuerpo de magistratura, no hay libertad… Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo.”

— Montesquieu, El espíritu de las leyes (1748)

La advertencia no es nueva. Solo que cada generación necesita redescubrirla… antes de que sea demasiado tarde.

No se puede negar que el actual gobierno, con mayoría legislativa, ha logrado avances significativos en materia social y económica. Según el Banco Mundial, entre 2018 y 2024, aproximadamente 9.5 millones de personas salieron de la pobreza en México, pasando de 35.7 a 26.1 millones. Este avance se atribuye principalmente a mejoras en el mercado laboral y al aumento del ingreso de los trabajadores.

El salario mínimo ha tenido un aumento acumulado superior al 110% en términos reales desde 2018, y para 2025 se acordó un nuevo incremento del 12%, elevando el salario diario a $419 pesos en la zona fronteriza y $278 pesos en el resto del país.

Un sueldo mensual de $12,596 pesos  y $8,364 pesos al mes, respectivamente.

Esto ha permitido que más personas puedan costear la canasta básica, sin que ello se haya traducido en inflación descontrolada.

Además, el ingreso real per cápita creció un 8.2% entre el cuarto trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023, mientras que la tasa de desempleo bajó de 3.7% a 2.7%, y la informalidad se redujo de 55.8% a 54.8%. Estos datos reflejan avances estructurales que no deben ignorarse.

A esto se suman reformas progresistas como la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, la conocida “Ley Silla”, la prohibición del outsourcing abusivo, y el fortalecimiento de programas como la pensión universal para adultos mayores, becas Benito Juárez, apoyos económicos para personas con discapacidad permanente, y la ampliación de servicios del IMSS a trabajadores informales.

Todo esto representa una apuesta por la justicia social que merece reconocimiento. Pero esos logros no pueden sostenerse sobre instituciones debilitadas. La justicia social no debe crecer a costa del Estado de derecho. Porque sin equilibrio de poderes, incluso los avances más genuinos pueden convertirse en moneda de cambio o en promesas que dependen de una sola voluntad.

Yo, por mi parte, doy el beneficio de la duda. Sé que los vicios del sistema no nacieron hoy: llevan décadas germinando entre pactos de impunidad, cuotas de poder y complicidades cruzadas. Hoy, Morena tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, y ese poder conlleva una responsabilidad histórica: no profundizar el colapso institucional, sino usar esa fuerza para regenerarlo.

La reforma judicial, aunque imperfecta, responde a una realidad que ya no se puede ignorar: un sistema de justicia capturado, lento y profundamente corrupto. Lo que no se vale es convertirla en botín político. Y menos aún, llamar a la abstención como si el caos fuera estrategia. Escuchar a figuras de otros partidos pidiendo que la ciudadanía no vote es una irresponsabilidad brutal: la desconfianza no se combate cruzándose de brazos, se enfrenta participando, fiscalizando y proponiendo.

No se trata de defender una reforma por fe ciega, ni de rechazarla por cálculo electoral. Se trata de exigir —desde la ciudadanía— que este proceso sirva para comenzar a limpiar un sistema que ya no se sostiene. Porque si, aún con todas las herramientas, el poder decide mantener el rumbo de la concentración, de la simulación y del control disfrazado, no será solo el fracaso de una presidenta o de un partido. Será el fracaso de un país que prefirió no corregirse. Y ese error… lo pagaremos todos.

Rola del día: Aquí no es así de Caifanes https://www.youtube.com/watch?v=MIMVSOiIEzM

Jorge Alejandro Torres Garza

Es internacionalista con una maestría en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Durante su carrera realizó un intercambio en España y ha trabajado en los tres niveles de gobierno tanto en México como en Estados Unidos, incluyendo en un consulado de México en la zona de Los Ángeles, California. También ha participado en campañas políticas en México, colaborando con candidatos a alcaldes, diputados locales y gobernadores, así como en la campaña del senador de la República y precandidato presidencial del Partido Demócrata, Bernie Sanders, en Estados Unidos.

Recibió el reconocimiento "30 Under 30 Award" por la Asambleísta Eloise Gómez Reyes del Congreso del estado de California, un galardón que distingue a jóvenes líderes menores de 30 años por su dedicación, innovación y servicio a la comunidad.

Su pasión por el bienestar y la transformación social lo llevó a fundar Vibra/TAM, una asociación civil que promueve la salud mental de jóvenes a través de la música y las artes. Actualmente, brinda consultoría en desarrollo económico, turismo y salud mental, integrando enfoques holísticos y sostenibles.

Es amante de la música, disfrutando géneros como el rock clásico, jazz, electrónica, folk e indie. También es un practicante comprometido de yoga, meditación y senderismo, actividades que inspiran su conexión con la naturaleza y el bienestar integral.

Correo electrónico: jatorresgarza@gmail.com