Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Asociaciones de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset), denunciaron públicamente la intromisión irregular de Tomás Sánchez Lara en la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Issste en Tamaulipas.

Al manifestarse en las Oficinas de la Subdelegación en Ciudad Victoria, acusaron que el funcionario se presentó el pasado 2 de mayo como “próximo subdelegado”, sin acreditación profesional ni nombramiento oficial por parte de la Dirección General del Instituto en Ciudad de México. El hecho ha generado molestia y movilización entre los derechohabientes, quienes exigen su remoción inmediata.

En un documento dirigido al director general del ISSSTE, Pedro Zenteno, así como al gobernador Américo Villarreal Anaya, los dirigentes de cuatro asociaciones estatales expusieron que Sánchez Lara no cuenta con cédula profesional registrada ni experiencia institucional, y que ha asumido el cargo de manera autoritaria, incluso impidiendo el ingreso de representantes sindicales y sociales a las oficinas.

“Nos cerró el paso, desconoce el reglamento del SAIJU y no tiene idea de cómo funciona esta oficina”, denunció el profesor Arturo Gutiérrez García.

Los inconformes alertaron que el nombramiento de Sánchez Lara no solo carece de legalidad, sino que también ha afectado la operación institucional, obligando a miles de jubilados del interior del estado a trasladarse a Ciudad Victoria para trámites básicos, debido a la falta de equipos y personal en otras regiones.

“Hay una sola máquina para expedir credenciales en todo Tamaulipas. Así no se puede atender dignamente a más de 30 mil jubilados”, declaró Cristóbal Castillo Ríos, presidente de la Asociación por la Dignificación del Jubilado.

Hasta el momento, ni la Delegación del Issste en Tamaulipas, ni la Dirección General del Instituto, ni las fiscalías administrativas han emitido postura oficial, lo que ha incrementado el malestar.

Las organizaciones advirtieron que, si en una semana no hay respuesta, tomarán las instalaciones para exigir que se respete el perfil institucional y profesional que exige el cargo.

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