LO CLARO. Así como existen cámaras empresariales o sindicatos que aglutinan a quienes dirigen sus esfuerzos de desarrollo en un mismo sentido, la educación en México debe contar con organismos que perfilen los sentidos académicos relacionados entre sí.

Garantizar una educación engarzada con el desarrollo y sus planes concuerden, son las estrategias que organismos como ANUIES (que aglutina a todas las instituciones de educación superior en el país) es la base segura del progreso para contar con egresados de calidad.

De este organismo se forma un colegiado que manda las directrices a escuelas públicas y privadas, donde las universidades públicas llevan mano en la integralidad de estas directrices.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas recibe la distinción de contar con el asiento de la vicepresidencia a cargo del rector Dámaso Anaya en la CUPIA. El órgano colegiado.

Los planes y proyectos que promueven desde esta importante encomienda para todas las universidades del país, se enfocan en los retos y oportunidades de la educación superior en el contexto binacional (somos colindantes de la potencia mundial económica); de proyector de impacto social y de cara a la agenda 2030, donde la sostenibilidad, la medicina, el deporte, la mejora continua son parte de la vida diaria universitaria.

Sea para bien.

LO OSCURO. La falta de educación cívica en México -particularmente en lo que respecta al sistema judicial- es un desafío que repercute negativamente en la participación ciudadana y en la legitimidad de las instituciones. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica y Cultura Política de 2021, solo el 33% de los encuestados afirmaron tener conocimientos básicos sobre sus derechos legales, lo que subraya la urgencia de abordar esta ausencia de cultura.

El sistema judicial mexicano, estructurado según la Constitución de 1917 y reformado en varias ocasiones (notablemente en 2008 con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio), sigue siendo un área de poca comprensión para la mayoría de la población. Esta reforma -que prometía mayor transparencia y eficiencia- todavía enfrenta retos significativos, incluyendo la resistencia arraigada en la cultura judicial y la percepción de corrupción. Según el Índice de Estado de Derecho 2021, México ocupó el lugar 97 de 139 países, evidenciando problemas serios en la justicia civil y penal.

La inminente elección de magistrados y jueces es un evento crítico que podría verse afectado por la falta de conocimiento entre la sociedad mexicana. En 2019, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF reportó que solo el 30% de la población entendía la importancia de las elecciones judiciales y su vínculo con el estado de derecho. Esta desconexión amenaza la representatividad del proceso electoral y facilita la continuidad de prácticas corruptas que socavan la confianza pública en el sistema.

La baja participación ciudadana en las elecciones judiciales es un fenómeno preocupante. Las elecciones para el Consejo de la Judicatura permiten vaticinar tasas de participación que rondarían el 20-25%, cifras que contrastan drásticamente con la participación en las elecciones federales, que promedian entre el 60-70%. Sin el compromiso activo de la ciudadanía, la selección de jueces y magistrados puede caer en manos de un reducido grupo de actores políticos, minando aún más la independencia judicial.

Es urgente implementar estrategias que fomenten la educación cívica en el país. Las reformas educativas iniciadas en 2013 aunque ambiciosas, han descuidado la enseñanza de la educación cívica en niveles básicos. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, solo el 7% de los planes de estudio en las escuelas mexicanas incluyen contenidos sobre derechos y deberes civiles.

Para abordar esta coyuntura, se debe incorporar de manera efectiva la educación cívica en los programas escolares desde una edad temprana y promover iniciativas de capacitación para adultos. El Programa de Aprendizaje y Reflexión sobre Derechos Humanos y Justicia, implementado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH representa un paso positivo, aunque aún limitado en alcance.

La muy pobre educación cívica respecto del sistema judicial en México representa un riesgo considerable de cara a las elecciones del poder judicial. La desconexión entre la ciudadanía y su sistema judicial, sumada a la falta de información y participación, puede resultar en decisiones judiciales que no reflejen la voluntad popular. Fortalecer la educación cívica y promover la transparencia en el proceso electoral son medidas críticas para asegurar un sistema judicial que sirva verdaderamente a la sociedad mexicana. La democracia se conserva cuando su ciudadanía está empoderada, informada y activa en la defensa de sus derechos.

COLOFÓN: Los cambios esperados son hacia adelante… esperemos resultados buenos y no tener qué hablar de un sistema judicial parecido a la atención del ISSSTE y el seguro. Como refieren los usuarios. Nada distinto hasta hoy. Que no sea un costoso ensayo…

 alejandrodeanda@hotmail.com

@deandaalejandro

HECTOR ALEJANDRO DE ANDA CORTEZ

Colabora en medios impresos y en portales informativos electrónicos. La Columna Claroscuro se publica desde 2007

La columna Claroscuro se publica desde el 2007 en los mismos medios, trisemanal.

Especialmente tocamos temas económicos y de política en general.