Ciudad Victoria, Tamaulipas. - El fiscal anticorrupción Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó la recepción de una denuncia del maestro Geovanni Chávez contra la ex titular de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé, y Gerardo R. de Recursos Humanos. Afirmó que no se desestimará la acusación, pero se requiere investigar más a fondo.

De acuerdo a lo denunciado por el quejoso ante la Fiscalía Anticorrupción, la ex funcionaria y el actual servidor público, cometieron presunto peculado, toda vez que retuvieron su salario desde 2017, “y los denunciantes se quedaron con él”.

En ese sentido, Govea Orozco expuso que el caso de Chávez Soto es atípico, pues sostiene que aún figura como trabajador en funciones sin cobrar un salario

“Efectivamente es una denuncia que se ha recibido, se ha atendido como a todas las personas que acuden a formular alguna denuncia, y el inconforme, la persona que se dice agraviada refiere que tiene varios años que le retuvieron su salario como empleado de la SET, aunque es algo un poco extraordinario y curioso el caso porque él habla que esto data del 2018 esa retención o suspensión de sueldo y él afirma estar activo hasta la fecha”.

Según el fiscal, en la denuncia también menciona posibles responsabilidades de funcionarios de la administración actual, por lo que la Fiscalía está en proceso de recabar información.

“Se han recibido informes preliminares por parte de la Secretaría de Educación, pero se requiere una revisión exhaustiva de documentos como comprobantes de pago, nómina y estados de cuenta sindicales”.

Y añadió que, en la denuncia, ya parece dirigirla a funcionarios de la presente administración bajo las consideraciones que él ha estimado, lo cierto es que es una situación atípica, de entrada, él mismo refiere que son hechos que datan de hace varios años de la administración anterior.

“Todo esto nos ha llevado a recabar información, la cual aún no está completa, es decir, nosotros haríamos primero una requisa de toda la información, de registros, ahorita se han venido recibiendo informes generales preliminares por parte de la misma Secretaría de Educación, pero habría que ir mucho más allá”.

Comentó que, si bien no hay un plazo determinado para concluir la investigación, ya que se debe verificar si existen elementos que confirmen un delito, destacando la necesidad de contar con información objetiva antes de emitir cualquier juicio sobre los recursos presuntamente desviados.

“No hay un tiempo determinado para terminar esta investigación, sí, el agravio es entendible, pero lo que tenemos que hacer es buscar primero si dentro de los aspectos que él ha mencionado porque ha sido muy profusa la información que el afectado ha proporcionado, existe algún elemento que conduzca a la idea de que se ha cometido un delito, máxime si él se lo atribuye no a secretarios anteriores sino a la actual”.

Lo curioso del caso, insistió Govea Orozco, es que la persona ha permanecido tantos años sin percibir un salario cuando está activo, al menos a decir de lo que él dice.

El proceso podría prolongarse durante varias semanas debido a la complejidad del caso, que involucra tanto aspectos administrativos como posibles irregularidades financieras.

“Todo esto se llevaría algunas semanas, pero no se puede señalar una fecha, cada caso tiene sus particularidades y éste no obstante que podría implicar un aspecto administrativo más que de otro carácter, si requiere de tiempo para poder esclarecerse”.

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