Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Los diputados tamaulipecos respaldaron el llamado del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para destituir a los jueces que presuntamente protegen al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta diversas investigaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito e irregularidades inmobiliarias.

En conferencia de prensa desde el Senado, Gutiérrez Luna pidió que estos jueces sean removidos antes de que concluya su gestión, con el fin de evitar resoluciones que favorezcan al ex mandatario panista y obstaculicen la acción de la justicia.

Al respecto, el diputado federal por Tamaulipas, Carlos Enrique Canturosas Villarreal advirtió que existe una red de protección judicial a favor de ex funcionarios prófugos.

“Es evidente que se está utilizando el Poder Judicial para proteger a determinados ex funcionarios que hoy se encuentran exiliados en el extranjero, sustraídos de la justicia”, denunció.

En este contexto, reiteró su respaldo a la reforma al Poder Judicial impulsada desde la Presidencia y exhortó al Consejo de la Judicatura Federal a garantizar que sus jueces actúen conforme a la ley y no al servicio de intereses personales.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, señaló que desde la legislatura pasada se han emitido varios exhortos al Consejo de la Judicatura para investigar a jueces, principalmente de Reynosa, donde se emitían amparos de forma masiva para favorecer a personajes vinculados al ex gobernador.

“El Consejo de la Judicatura no ha hecho absolutamente nada. Está presidido por la ministra Norma Piña, la misma que mantiene contubernios con el PRI y Acción Nacional. Ya suspendieron a un juez, sí, pero pusieron a su esposa en su lugar. ¿Nos quieren ver la cara?”, cuestionó Prieto Herrera.

El diputado morenista lamentó que el Poder Judicial actúe como “una panadería de amparos panistas” y exigió que se actúe con decencia y apego a la legalidad.

Ambos legisladores coincidieron en que la ciudadanía merece un sistema judicial confiable, libre de intereses políticos y dispuestos a aplicar la ley sin excepciones.

oal