Tamaulipas es una de las entidades del país con un alto nivel de corrupción en el Poder Judicial.

Sin pudor alguno y con sobrado cinismo, dos jueces federales adscritos localmente, concedieron un total de 20 amparos al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Lo blindaron y lo siguen protegiendo.

La enésima denuncia se hizo este miércoles desde la Cámara de Diputados, donde el presidente Sergio Gutiérrez Luna, acompañado de otros legisladores, detalló los abusos de estos jueces y exigió su cese inmediato al Consejo de la Judicatura.

Recordemos que días previos a culminar su gestión como gobernador, Cabeza de Vaca reformó la constitución para asignarse una escolta de casi 40 elementos de seguridad con cargo al erario de Tamaulipas.

Cuando se intentó revertir esta decisión, el juez Séptimo de Distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez le concedió un amparo para que no le fuera removido ninguno de sus escoltas.

En el 2024, el Tribunal Electoral le quitó la candidatura panista a Diputado Federal. Estaba impedido por ser un prófugo de la justicia y no obstante a ello, el juez Juan Fernando Alvarado emitió una suspensión para tratar de evitar la sentencia.

Lo que no suena lógico suena metálico y hoy, ambos jueces están en la mira de la Fiscalía.

No son los únicos. En las entrañas del poder judicial de Tamaulipas prevalece una red de complicidades para brindarle impunidad al panista.

En base a las indagatorias, están incluidos el presidente del Primer Tribunal Colegiado Mauricio Fernández de la Mora y la jueza Carmen Ávila, esposa del juez Faustino Gutiérrez Pérez, hoy ya jubilado.

Lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados en la conferencia de prensa; “el cese no es suficiente, se tiene que emprender acción penal contra quienes han blindado y protegido al ex gobernador”.

Gutiérrez Luna hizo un llamado a la magistrada Amalia Fernández Barquín, secretaria Ejecutiva de Vigilancia en el Consejo de la Judicatura a separar a los jueces de sus funciones para permitir la acción de la Fiscalía.

El líder parlamentario puntualizó que se trata de delitos claros, evidentes y manifiestos.

A futuro próximo, la expectativa está en la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio, que el relevo traiga mejores actores en la impartición de justicia.

Pero lo dijo el diputado: “no significa borrón y cuenta nueva”.

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Maribel Villarreal

Periodista en Matamoros, Tamaulipas
Es jefa de información en WRadio