Altamira, Tamaulipas.- La madrugada del 2 de mayo, en una humilde vivienda de la colonia Municipios Libres en Altamira, se escribió uno de los capítulos más dolorosos y oscuros en la historia reciente de Tamaulipas. Una niña de tan solo dos años, Aitana, fue asesinada presuntamente por quienes debieron protegerla: su madre y su padre. Lo que en un inicio se reportó como un supuesto robo violento terminó desenmascarando un caso de violencia sistemática, abuso sexual infantil y filicidio. Este es el relato cronológico de una tragedia que aún no termina de revelar todos sus horrores.

2 de mayo | El hallazgo y una versión cuestionada

Todo comenzó cuando Michelle Denisse “P.”, madre de Aitana, llegó con la pequeña ya sin vida a las instalaciones de la Cruz Roja en la zona norte de Tampico. Alegó que un hombre desconocido había irrumpido en su casa para robar y que, en el proceso, había atacado a su hija con un arma blanca. De inmediato, personal médico notificó a las autoridades, y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) abrió una carpeta de investigación por homicidio.

Según el comunicado oficial, elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía se trasladaron al domicilio, ubicado sobre la calle San Fernando, para procesar la escena. Aunque al principio no se descartó ninguna línea, las autoridades activaron el protocolo de feminicidio y se ordenó la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.

3 de mayo | Inconsistencias y sospechas

Conforme avanzaron las primeras indagatorias, surgieron incongruencias en el relato de Michelle. Su pareja, Luis Daniel “H.”, padrastro de la niña, aseguró no estar presente porque trabaja como contratista. Sin embargo, testimonios de vecinos y familiares comenzaron a revelar un entorno familiar conflictivo.

El informe forense fue clave: las lesiones encontradas en el cuerpo de Aitana no coincidían con un ataque fortuito. La Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Unidad de Feminicidios, comenzaron a preparar órdenes de aprehensión contra los padres, al considerar que había indicios suficientes de responsabilidad directa.

4 de mayo | Arresto y cargos graves

Ese domingo, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Michelle Denisse “P.” y Luis Daniel “H.” en el ejido Miguel Hidalgo, dentro del mismo municipio. Ambos fueron puestos a disposición del juez de control en Altamira.

Según el boletín FGJE-238-2024, los delitos imputados fueron filicidio, violencia familiar, violación equiparada y violación en agravio de persona menor de edad. El informe añadió que se trataba de un caso de violencia reiterada, con antecedentes que podrían implicar omisión institucional en la protección de los menores.

5 de mayo | Aplazan resolución judicial

Durante la audiencia inicial, los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, una figura legal que les otorga hasta 144 horas para que el juez decida si los vincula a proceso. Mientras tanto, se ordenó prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira.

La Fiscalía pidió la vinculación a proceso bajo el argumento de riesgo para otros menores, ya que la pareja tenía bajo su custodia a un segundo hijo, de apenas 7 años.

6 de mayo | El testigo silencioso: el hermano de Aitana

Ese mismo día, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Altamira, a cargo de Francisca Arteaga Pérez, confirmó que el hermano mayor de Aitana quedó bajo resguardo del sistema de protección infantil. Según la funcionaria, el menor fue el único testigo presencial del crimen.

"Se le brindará atención psicológica y acompañamiento integral", afirmó Arteaga en conferencia, subrayando que el niño había vivido una situación “extremadamente traumática”. El DIF evalúa actualmente si algún familiar puede asumir su custodia legal.

Aitana murió en un entorno donde la violencia era cotidiana, y donde ninguna alerta pareció activarse a tiempo. El caso, que ha generado una ola de indignación en redes sociales y entre colectivos feministas, ha llevado a organizaciones locales a exigir mayor vigilancia a los entornos familiares vulnerables y a fortalecer los protocolos de detección de abuso infantil.

Aitana ya no podrá contar su historia. Pero su hermano, bajo protección del DIF, es ahora la única voz que puede reconstruir lo que ocurrió esa noche.