Armando Martínez acumula más denuncias en su contra
Altamira, Tamaulipas. – La abogada Gabriela Ibarra Lozano, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del alcalde de Altamira, el secretario del Ayuntamiento y el director de Obras Públicas, por presuntos delitos relacionados con el despojo de un bien inmueble perteneciente a su cliente, un ejidatario afectado por la construcción de un camino ejidal en diciembre de 2023.
De acuerdo con la denuncia, el Gobierno Municipal de Altamira tomó parte de la parcela de su cliente sin consentimiento, talando árboles con más de 50 años de antigüedad, retirando la cerca que delimitaba el terreno y dejando montones de basura y material de construcción dentro de la propiedad.
Además, la zona se ha convertido en un paso constante de personas y en un basurero clandestino.
Desde principios de 2024, el afectado intentó dialogar con el alcalde Armando Martínez, quien tras su reelección se comprometió a atender el caso, otorgándole una audiencia en Cabildo.
Sin embargo, el edil no se presentó y el secretario del Ayuntamiento tampoco ofreció una solución para la restitución del terreno ni para la reparación de los daños ocasionados.
Ante la falta de respuesta, en octubre de 2024 se presentó una denuncia formal por despojo de bien inmueble y otros posibles delitos ante la Unidad de Atención Inmediata de Altamira (RAC.917/2024).
A pesar de que ya se han realizado actos de investigación y enviado tres oficios a los funcionarios involucrados, hasta la fecha no han atendido los requerimientos.
Debido a esta situación, el 21 de febrero de 2025, la abogada Ibarra Lozano presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, argumentando que la actuación del gobierno municipal podría estar tipificada como delito de corrupción según el Código Penal.
Finalmente, hizo un llamado al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, para que las instituciones de impartición de justicia actúen y no se sigan vulnerando los derechos del ejidatario afectado.
“El campo necesita apoyos y atención por parte del gobierno, no despojos ni abusos de autoridad", sentenció la abogada.
oal

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