La impunidad se define como la situación en la que una persona que comete un crimen, un acto ilegal o reprochable queda sin castigo por su hecho. Un ejemplo puede ser, el caso en que incurre un ladrón que roba una tienda y jamás es enjuiciado por el delito cometido.
Los conceptos de impunidad y corrupción desafortunadamente suelen estar relacionados por el hecho.

Asimismo ocurre en muchos sistemas de justicia del planeta, en el que el soborno constituye un acto de corrupción y es una práctica que avanza.
Lo que da paso y permite a que no existan juicios o sentencias para aquella persona o grupo de personas que cometen crímenes, por lo que no se les imparte justicia debido a los pagos, gratificaciones o apoyos económicos que realizan a favor de las autoridades encargadas de aplicar la justicia.

Actualmente en varios países de américa latina y del planeta la justicia sufre niveles altos de impunidad.

De acuerdo al Índice Global de Impunidad, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla en coordinación con diferentes organizaciones de Derechos Humanos, señala que Honduras, Paraguay, Guyana y México son los países con mayores niveles de impunidad en América.
Según informes de varios organismos destacan que México avanza en impunidad de manera alarmante y se ha incrementado en los últimos años los delitos menos castigados como son los homicidios dolosos, feminicidios, abuso sexual, desapariciones y secuestros.

De acuerdo a informes de “México Evalúa” (centro independiente, apartidista que realiza evaluación de políticas públicas y propuestas para incidir directa y activamente en los procesos de administración pública y gestión de recursos gubernamentales), del 2020 a 2021 se incrementó en el país la percepción de corrupción hacia casi todas las instituciones del sistema, los mayores porcentajes en este sentido se presentaron hacia las personas juzgadoras con el 67.3%, la policía preventiva municipal con 66.8% y estatal con 64.6%, junto con el Ministerio Público y las fiscalías locales con el 64.7%.

El informe señala que en el 2022 la impunidad en el país alcanzó el 96.3% de los casos conocidos por el Ministerio Público, lo que representó un incremento del 4.5 puntos porcentuales en comparación con 2021. Durante el año 2022 a nivel nacional, cada asesor jurídico de las Comisiones Estatales Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEEAV) atendió alrededor de 303 casos (47 más que en 2021) y representó un estimado de 230 víctimas en un proceso penal (73 más que en 2021), lo que confirma una tendencia al alza, tanto para las víctimas atendidas como para las víctimas representadas, verificada desde 2019. De las víctimas representadas por las CEEAV únicamente el 14.1% logró acceder a la reparación del daño en 2022.

Según el reporte, uno de los derechos más vulnerados en el proceso penal es la presunción de inocencia, ya que el 57% de las personas procesadas fueron enviadas a prisión preventiva durante 2022 a nivel nacional, la mayoría, 53%, bajo la modalidad oficiosa, y sólo en 4 de cada 10 casos se hizo una evaluación de riesgo para determinar si era necesario encarcelar a la persona.

Por otra parte, se determinó que sólo el 14% de las personas víctimas atendidas por las Comisiones de Atención a Víctimas (CEAV) accedió a otro de los derechos fundamentales como es la reparación del daño.

Se indica que de las 2, 065,630 carpetas de investigación abiertas en 2022 que involucraron al menos a una persona víctima u ofendida, únicamente 156,590 fueron representadas por las CEAV durante el proceso penal.

El delito de homicidio doloso, de acuerdo a la media nacional de impunidad fue del 95.7 por ciento.  Los estados de Jalisco, Ciudad de México, Yucatán y Zacatecas fueron los que representaron los niveles de impunidad que llegaron al 100 por ciento.
El promedio de impunidad nacional en feminicidio para 2022 fue del 88.6%.

Las entidades con menor impunidad fueron Nayarit (53.3%), Nuevo León (69.7%), Estado de México (77.1%) y Sonora (81.7%), mientras que las entidades con mayor impunidad fueron Ciudad de México, Quintana Roo y Zacatecas, con 100%.

El promedio de impunidad nacional en desaparición para 2022 ascendió a 96.5%, mientras que el promedio de impunidad nacional en secuestro para 2022 fue ascendente al 82.8%.

Las entidades con menor impunidad en este delito fueron Sonora (12.5%), Coahuila (24.6%), Nayarit (33.3%) y Baja California Sur (53.8%), mientras que Aguascalientes, Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz alcanzaron el 100%.

En el delito de desapariciones la impunidad creció en los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas con una media nacional del 96.5 por ciento.

En el caso de abusos sexuales se mantenía Aguascalientes, Ciudad de México y Nayarit, con una impunidad del 100 por ciento.

Aunque muchas instituciones trabajan con responsabilidad y esmero para erradicar estos males que aquejan al país, falta mucho por hacer.

Por su parte Human Rights Watch en su informe Mundial 2024 resaltó en su reporte que en el año de 2022, (2/3) dos terceras partes de todos los homicidios en el país, se cometieron con armas de fuego y el 70 % de las armas de fuego utilizadas en delitos ingresaron a México de contrabando desde Estados Unidos.

El 90 % de los delitos nunca se denunciaron, mientras que un tercio de los delitos denunciados no fueron investigados por las autoridades y  menos del 16 % de las investigaciones se resolvieron en tribunales, a través de la mediación o mediante algún tipo de acuerdo reparatorio, lo que representó para las autoridades atender poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2022.

El informe indica que entre 2006 y 2023, las autoridades y los activistas encontraron más de 5,600 fosas clandestinas en todo el país.

La organización informó que los índices de delitos violentos que se han disparado en México desde el inicio de la “guerra contra el narco” en el año 2006, y aunque la tasa de homicidios descendió de 28 a 25.9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2022, sigue siendo una de las más altas del mundo.

Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe del año 2023, señaló que se emitieron 371 Recomendaciones; el número más alto en la historia de la Comisión; se atendió a 51 mil 219 personas agraviadas o quejosas, de las cuales 8 mil 519 fueron víctimas reconocidas en las recomendaciones emitidas en la actual gestión.

Así también detalló el informe que en 2023, se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 72 mil 63 solicitudes de atención, de los cuales 60 mil 342 fueron escritos de queja y aun cuando se trata del mismo número de documentos que los recibidos en 2019, la diferencia radica en su calificación, la forma y el tiempo de resolución, pues mientras en 2019 sólo el 7.8% de los escritos se calificaron como expedientes de queja, el año pasado 12.99% de los escritos fueron calificados como expedientes de queja.

Resaltó además que en 2023 más de 13 mil expedientes lograron ser resueltos durante su tramitación y con ello se apoyó a dar solución a 37 mil 961 personas agraviadas y/o quejosas.

En contraparte, han disminuido los expedientes resueltos por “orientación” y por “no existir materia”, que hoy representan el 27.62%, mientras que, en el último año de la gestión anterior, el porcentaje fue de 54.1%.

Del total de las recomendaciones emitidas por esta Comisión desde su nacimiento (1990), 24.17% se emitieron en la actual gestión.

El INEGI en su informe correspondiente al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-f) 2023, señaló que en el 2022 se iniciaron y/o abrieron 2, 165,775 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación (3.6 % para la FGR y 96.4 % para las FGE). Esta cantidad aumentó el 5.1% respecto al año 2021.

El INEGI destacó que al cierre del 2022 se reportaron 2,915 899 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir (1.7 % para la FGR y 98.3 % para las FGE), lo que representó un aumento de 10.9 % respecto a 2021.

En 2022  se registraron 2,234 118 delitos (77 693 en la FGR y 2,156 425 en las FGE). Comparado con 2021, esta cifra aumentó 4.9 por ciento.

En el mismo periodo, se tuvo registro de 1,976 991 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación determinadas (6.1 % para la FGR y 93.9% para las FGE), lo que representó un aumento de 12.9 % respecto al 2021.

Al cierre del año 2022 se reportaron 2,915 899 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir (1.7 % para la FGR y 98.3 % para las FGE), lo que representó un aumento de 10.9 % respecto al 2021.

Los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas fueron 918,076 que se cometieron con violencia, mientras que 1,059 205 fueron cometidos sin violencia y en 153,722 no se identificó la forma de acción. Los delitos de violencia familiar y lesiones fueron los que se ejecutaron en mayor proporción con violencia.

Los principales delitos registrados en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por las FGE por tipo y distribución porcentual, según forma de acción al año 2022 fueron: Robo 612,071; Violencia familiar 270,502; Lesiones 220,626; Daño a la propiedad 148,230; Amenazas 137,215; Delitos contra la salud  relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo  108,305; Fraude 104,569; Homicidio 45,689; Abuso sexual 34,915 y Abuso de confianza 31,296.

De los delitos registrados en 2022 las FGE cerraron 261,533 investigaciones y carpetas de investigación (98.0 % para adultos y 2.0 % para adolescentes). Cifra que disminuyó 45.3 % con respecto a 2021, siendo el delito de robo el que registró la mayor frecuencia al concentrar 28.4 % del total nacional.

Los estados de México y la Ciudad de México, concentraron 29.0 % del total de los delitos registrados en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas por la FGR y las FGE.

Por su parte, Impunidad Cero en su informe expresa que cada 100 delitos que se cometen en México, solo el 6.4 se denuncian y el 93.60% no fueron denunciados.

Y de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven.  Lo que indica que un delito cometido sea resuelto en nuestro país representa tan solo el 0.9%.

El 6.6% de las investigaciones en el país se resuelven con acción penal y el 3.6% sin acción penal; lo que indica que casi el 90% de las investigaciones en el país no se resuelven.

Lo anterior, ha generado la baja confianza ciudadana hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, ya que solo el 10.3% de las personas dice confiar mucho en estas instituciones.

Así las cosas…

Y Usted, Qué Opina…?

Nos vemos a la próxima..

Carlos Álvarez

Analista y Auditor. Consultor Externo. Certificado ante el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Libros publicados: “El Tamaulipas y el México que Anhelan los Jóvenes para el Siglo XXI”, “El Gran Juicio” y “El Lago Encantado y el Maravilloso Pueblo Azteca”. Escribe en varios medios de comunicación del Estado.