En la desviación de recursos cometida contra la hacienda de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) habría más involucrados por complicidad y omisión, al menos, si acaso el fiscal general de justicia de Tamaulipas tiene voluntad para investigar (a fondo) los delitos de peculado, ejercicio ilícito de servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, más los que resulten.

En la denuncia, que presentó el abogado general del alma mater, José Carlos Mora García, aparecen como indiciados: el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gerardo Peña Flores Jesús Alberto Salazar Anzaldúa y Guillermo Mendoza Cavazos.

Sobre el primero cae toda la responsabilidad de los malos manejos del erario universitario, pues sin su autorización u órdenes los otros no habrían operado directamente (como lo hicieron) el saqueo.

Y en su comisión, desde luego también pudieron haber participado por ser parte de la gavilla el primo de Francisco ‘N’, Víctor Hugo Guerra García alias ‘La Chulada' (quien fuera secretario de administración); Vicente Hugo Garza Gómez, otrora director de adquisiciones, arrendamientos y servicios; y Sergio Leopoldo Bello Cano, como titular del órgano interno de control de esa institución.

Peña Flores y Salazar Anzaldúa, en esa etapa del peculado por el que se les acusa, eran secretario general de gobierno, uno, y de administración otro, del gabinete ‘cabecista’. En tanto Mendoza Cavazos fungía en la UAT como secretario de finanzas. Pero teniendo el control total de la institución, aunque ‘supervisado’ por ‘La Chulada’.

Corría entonces el rectorado de José Andrés Suárez Fernández. Pero éste, intimidado por los cómplices de García Cabeza de Vaca, dejó en sus manos el control de la Universidad.

En todos sentidos, como lo comentan los mismos trabajadores que se sometieron a su voluntad también por temor.

La investigación de la Fiscalía será determinante para llevar al cadalso a quienes están involucrados en los delitos contra la UAT.

Pero considerando la actuación de su titular, Irving Barrios Mojica, está en chino el avance de las pesquisas.

Sin embargo, el abogado universitario tiene otra instancia, la federal, al incumplirse el convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aportar recursos estatales a la Universidad y no sólo transferir los enviados por ésta.

De rascarle un poquito a las finanzas universitarias, seguramente sería un escándalo mayúsculo pues se conjetura también que de ahí salió dinero para financiar campañas. Basta revisar los estados contables.

Por cierto, en respuesta a esa denuncia, del ‘cuartel’ albiceleste surgió este comunicado del correo de Valeria Lerma Pérez, a quien no conozco:

“Falso las acusaciones, en relación con la denuncia, presentada el día de hoy por el abogado general de la UAT vs diversos ex funcionarios de la administración anterior comentó lo siguiente:

“1.- La solicitud fue realizada por la UAT al Gobierno del Estado;

“2.- Existen dictámenes de viabilidad tanto de la Secretaría de Administración como de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, esta última del Gobierno Federal;

“3.- Existe avalúo de perito valuador certificado;

“4.- El asunto fue votado unánimemente a favor en el Congreso del Estado (incluidas las y los diputados de morena)

“5.- El m2 de tierra en Reynosa por esa zona hace décadas que dejó de estar a 100 pesos x mt2”.

“Dejen de generar cortinas de humo y arreglen la seguridad, doten de agua al estado y generen atractivo para el desarrollo económico, que, por cierto, Tamaulipas es hoy el último lugar en atracción de inversión”.

Omito reproducir literalmente el texto por mala ortografía y puntuación, la suya, obvio. Pero consigno la réplica porque así marca la objetividad.

Correo: jusam_gg@hotmail.com

Juan Sánchez Mendoza

Ha ejercido el periodismo durante más de tres décadas, alcanzado premios estatales en dos ocasiones; autor del libro "68. Tiempo de hablar"(que refiere pormenores del memorable movimiento estudiantil); autor de ensayos literarios; y reportero de investigación de tiempo completo, acá en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras y del continente americano.