Si bien, al menos 6 de los 13 Fideicomisos desaparecidos está madrugada, por el Pleno de la Cámara de Senadores, contaban con argumentos a favor de recibir ajustes en sus normas y contenidos, no era de ninguna manera justificación suficiente y necesaria para ser totalmente desaparecidos, e integrar sus más de 15 mil millones de pesos para la Tesorería de la Federación, y desde ahí hacerlo a favor de la SHCP.

Los mexicanos fuimos testigos, una vez más, de una acción de claro mayoriteo, primero desde la Cámara de Diputados, y ahora, desde el Senado, que no abrieron espacios para escuchar las más de 40 mil voces que por dos semanas estuvieron manifestando, tanto en la CdMx como en el resto del país.

Incluso, ayer y esta madrugada de miércoles, los representantes trabajadores del Poder Judicial estuvieron solicitando ser escuchados, además que la propia ministra presidente del Poder Judicial, Norma Piña, primero fue invitada a comparecer ante el Senado, y posteriormente fue des invitada, mostrando con ello una clara muestra de super posición de dos poderes sobre el otro poder que representa la necesaria muestra del equilibrio de poderes de nuestra frágil democracia.

Como un ejemplo de lo expuesto, dos mismos representantes del grupo oficialista de Morena, votaron en contra de la desaparición de los 13 Fideicomisos, citando explícitamente a la Senadora Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Rojas Díaz Durán.

Ayer, varios senadores y senadoras de la oposición presentaron sus votos particulares en contra. La senadora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que “la posibilidad de que dos poderes se coaliguen para intervenir en la administración de otro poder no es un ejercicio republicano”.

Dijo que si la desaparición de los fideicomisos SI afectará gravemente el capital humano del Poder Judicial. Puso como ejemplo que el fideicomiso para dar casa a jueces y magistrados sirve para alojar a funcionarios en zonas de alta incidencia delictiva, además de que se alimenta de recursos de los propios juzgadores.

Sobre el fideicomiso de pensiones complementarias, afirmó que beneficia a titulares de juzgados y tribunales que se jubilan, no a ministros de la Suprema Corte. A lo largo de su intervención fue aplaudida por los legisladores de oposición.

Sin embargo, el grupo de Senadores oficialistas tanto de Morena, como el PT y el Partido Verde, decidieron eliminar 13 de los 14 Fideicomisos, qué tras más de ocho horas de sesión, el dictamen fue aprobado en lo particular por 67 votos a favor y 49 en contra. Previamente fue aprobada en lo general por 68 votos a favor y 48 en contra.

La reforma se turnó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El decreto dispone qué en un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigor, se suscriban los convenios de extinción o terminación.

Ahora, solo resta ver que la acción termine con otros fondos a favor de proyectos del poder ejecutivo, así como por cinco años fueron desaparecidos otros fondos y fideicomisos importantes, como fueron el FONDEN, los Fondos para la Investigación del Conacyt, los de apoyo al Cine, entre muchos otros.

Recordando qué hasta el año de 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió más de 135 mil millones de pesos de los Fondo de Salud para el Bienestar, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de los fideicomisos desaparecidos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), según revelo el propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) a finales del año pasado.

La única esperanza de vida de estos fondos, es que la medida
sea echada abajo mediante una acción de inconstitucionalidad en la Corte, por haber sido legislada sin el debido proceso legislativo...

Jorge Alfredo Lera Mejía

Tampiqueño, Economista (ITAM), LAE, Maestro en Economía y Doctor en Administración Pública (UAT).

Asociado del INAP, Subsecretario del Exterior de la Federación del Colegio Nacional de Economistas y Vicepresidente zona noreste de la LER. Inicia su carrera en 1977 y ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, en Michoacán y en Tamaulipas.

Catedrático en la UNAM, ITAM, ULSA y actualmente profesor-investigador por la UAT e Instructor de la Auditoría Superior de la Federación.