Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los resultados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), revelan que Tamaulipas falló en la implementación de políticas públicas de prevención, erradicación y combate a la tortura. 

La CNDH lamentó las omisiones que se generaron en los últimos seis años en Tamaulipas. Uno de los incumplimientos de la entidad es la relacionada con la creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

“Ante este panorama, la CNDH y el MNPT recomienda a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, poderes ejecutivos y legislativos estatales, así como a las fiscalías, realizar acciones de política pública a favor de la plena implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

La CNDH demandó a los gobiernos estatales modificar el tipo penal de tortura establecido en el artículo 24 de la Ley General, para que se adicionen los actos de tortura cometidos con el fin de obtener información o una confesión de un tercero.

Además de proporcionar a las fiscalías estatales los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para el cumplimiento de las obligaciones que les competen.

Y reformar la legislación estatal que regula las atribuciones de los organismos públicos de derechos humanos para dotarlos de facultades y recursos suficientes para realizar prevención de la tortura y otros malos tratos a nivel estatal.

Tambien generar iniciativas de ley, con la finalidad de promulgar la norma estatal de la materia que detone las acciones de prevención de la tortura, tomando como referente el contenido normativo de la Ley General.

Los estados deben también realizar un diagnóstico en el que se identifiquen los elementos no armonizados y se atiendan los estándares de la Ley General y conforme a los resultados se realice una propuesta legislativa que se encuentre homologada con dicha Ley.

Otra exigencia relevante a los Estados es poner en marcha una transición a fiscalías especializadas que investiguen el delito de tortura y verificar que cuenten con los recursos necesarios para su operación.