Miami, (Agencia Informativa de México).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó la presencia en la séptima cumbre de CELAC del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como la los cancilleres Denis Moncada de Nicaragua y Gil Pinto de Venezuela, al considerar que “son los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas”.

“Lamentamos que estos dirigentes que violan los derechos humanos y descreen de la democracia hayan sido invitados por una organización que, entre sus objetivos, incluye la promoción de un diálogo respetuoso capaz de construir consenso sobre temas de interés común”, afirmó el presidente de la SIP, Michael Greenspon.

La reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños comienza este martes en la capital argentina. Los dirigentes fueron invitados a Buenos Aires por el gobierno de Alberto Fernández, quien es a su vez presidente pro tempore de CELAC.

“Si la invitación obedece a cumplir el objetivo de promover el diálogo y el acuerdo político en el continente, ello exigía un compromiso previo de cada integrante del foro regional de poner fin a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos”, señaló la entidad que reúne a más de mil 300 medios de todo el continente.

Las tres dictaduras ocupan los últimos tres puestos de 22 países en el Índice Chapultepec, un barómetro que mide el estado de las libertades de prensa y expresión en las Américas.

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión, The New York Times Company, Estados Unidos, consideró que habría que revisar los estándares de la CELAC bajo la óptica de la Carta Democrática Interamericana, que obliga a todos los países del continente a respetar las libertades de prensa y expresión y acotó que “sin ese compromiso asumido, ningún gobierno puede ser considerado democrático”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, aseguró que los gobernantes democráticos de la región, cualquiera sea su signo ideológico, deberían exigir a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

“Que pongan freno a la represión contra periodistas, dirigentes sociales y disidentes políticos. La democracia se basa en el respeto al pluralismo, el control ciudadano sobre quienes gobiernan, la periodicidad de los mandatos, el equilibrio de poderes, el libre acceso a información pública y el respeto a los derechos humanos esenciales, entre los cuales la libertad de expresión es una pieza central”, sostuvo.

En tanto, Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, Argentina, reiteró que “nuestro reclamo a estos gobiernos para que liberen a decenas de presos de conciencia que fueron condenados en juicios sin derecho de defensa. También a que cese la persecución contra quienes se atreven a criticar las políticas públicas en esos países”.

En las Conclusiones de la 78 Asamblea General de SIP realizada en octubre pasado en Madrid, la SIP fue contundente: “El caso de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, sigue siendo el más alarmante. Seis periodistas condenados permanecen privados de su libertad desde hace más de un año. Son más de 150 los que han salido al exilio en los últimos cuatro años. El gobierno continuó cerrando medios, entre ellos varias radioemisoras de la Iglesia Católica, y cortó la señal de CNN en español”.

Sobre Cuba, la SIP expresó: “Es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión. Un periodista y dos ‘influencers’ y cuatro ciudadanos están detenidos por críticas al gobierno en redes sociales. Tres periodistas independientes se exiliaron y a otros 20 se les ‘ofertó’ la opción de salir del país, con la amenaza de no regresar”.

“En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro cerró 41 radioemisoras. También intensificó su ofensiva contra el libre acceso a la información mediante el bloqueo de sitios de internet de medios nacionales e internacionales. Para lograrlo, ordenó a las compañías telefónicas, oficiales y privadas, sacar del aire esos sitios web, lo cual abrió una controversia sobre el papel de Movistar, filial de la multinacional Telefónica, en el cumplimiento a este tipo de intervenciones antidemocráticas”.