Matamoros, Tamaulipas.- A un residente de Matamoros le salió peor denunciar el robo en su negocio porque al acudir las autoridades le aseguraron 800 mil pesos, que al final acreditó ser de su propiedad, pero ahora no se lo quieren devolver pese a que existe una orden de un juez.

LOS HECHOS:

Fue en el año del 2017 cuando Juan “N” fue víctima del delito en su negocio y es por esa razón que las autoridades acudieron a realizar inspección en el establecimiento, no deteniendo a los ladrones, encontrando la cantidad de 800 mil pesos, propiedad del dueño del lugar.

Del hecho se abrió una carpeta de investigación con el número 1165/2017 en la Fiscalía General de Justicia (FJG) en Matamoros a cargo de Romelí Alvarado Martínez, mientras que el dinero quedó a disposición de la Unidad Número 2, depositándose a una cuenta y posteriormente pasó a la Secretaría de Finanzas del Estado.

ORDENA JUEZ DEVOLUCIÓN DEL DINERO.

Recientemente un juez ordenó que el monto fuera regresado al propietario, tras acreditarse la procedencia legal y la preexistencia del mismo, dándole un plazo a la Fiscalía General de Justicia del Estado para que cumpliera.

Sin embargo, no hubo respuesta de la FGJ al vencerse el plazo, acudiendo el afectado  a la delegación donde está la titular Romelí Alvarado Martínez, sin embargo, no ha querido dar la cara.

Seguido se realizaron llamadas a Ciudad Victoria a la Secretaría de Finanzas del Estado, que está a cargo de Adriana Lozano, ex diputada federal que renunció al puesto para trabajar en el actual gobierno.

Ahí les dijeron que ese recurso ya había pasado a manos de la administración estatal y que se había utilizado para mejorar las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, edificio que por años ha estado en abandono.

Se desconoce si la cantidad que está “desaparecida” fue tomada en el actual gobierno morenista o cuando estaba Francisco García Cabeza de Vaca.

Es de precisar que dinero o alguna propiedad que causen abandono a favor del Estado, tiene que ser bajo la orden de un juez que dictamine que no se acreditó la legal propiedad y eso no sucedió en este caso.