A la amenaza de bomba en el Congreso de Tamaulipas del martes 15, ahora le siguió otra falsa alarma, en este caso en las instalaciones de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS). En el primer caso se observó como propósito la suspensión de los trabajos de la LXV Legislatura con un fin determinado, al menos corrió la versión de que la corriente morenista sumaría diputados de otros partidos a su causa, por eso algunos le asignaron la autoría del suceso al PAN. Obviamente todos son supuestos y nada comprobables.

Ahora dirán, que esta segunda denuncia de bomba, es para distraer la atención sobre el primer tema y aquí no hay móvil aparente, pero igual puede tratarse de alguien que quiere salir temprano del trabajo, porque de que los hay, los hay. Por lo pronto el COEPRIS informó que la alerta recibida vía Whats App, surgió desde el interior de la misma dependencia y la hicieron al número de emergencias 911.

La circunstancia es que estos eventos pueden estarse generando bajo una misma mano, pero también sobrarán ociosos que se sumen al juego. La parte amenazada, sean instituciones públicas o privadas (porque no están exentas) no pueden correr el riesgo de confiarse, y tiene que reaccionar frente a la advertencia con propiedad y eficiencia.

¿Qué anuncian los atentados? Que estamos en sus manos, en sus caprichosas manos, lo mismo ciudadanos, burócratas que instituciones públicas. Si hoy es amenaza cualquier día puede no serlo. Son señales de humo para anunciar su presencia.

Por su parte el secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, adjudicó las amenazas de bomba y “otros rumores sobre hechos de violencia registrado en ciudad Victoria” a miembros del PAN, y a exfuncionarios del Gobierno del Estado, incluso se refirió a “orquestar una campaña para generar miedo y psicosis en un intento de desestabilizar las acciones de justicia y de apego a la legalidad que ha emprendido el gobierno de Américo Villarreal Anaya”.

Asimismo pidió inmediatez a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, para dar con los responsables que utilizaron la línea 911 de emergencia, “para alertar sobre la supuesta existencia de artefactos explosivos en dependencias de gobierno”.

2.- También hay otro aspecto que no puede pasarse por alto, aunque casi siempre se trata de falsas alarmas, las empresas y dependencias públicas deben de contar con un plan de respuesta ante una amenaza de bomba o de incendio o de cualquier atentado, y al parecer en el caso del Congreso carecieron de ese recurso. Cuando existe el procedimiento se elabora una narrativa cronológica para dar testimonio de cómo se realizó la evacuación, en cuantos minutos quedó desalojado el inmueble y como se procedió, y lo que hubo fue un boletín para fines mediáticos pero no el reporte técnico.

Los señores diputados tienen autoridad, y su rango les permitió actuar a su albedrío, pero los empleados, desde secretarias hasta el intendente de limpieza, en ocasiones no saben cómo actuar y muchas veces no hay la cadena de información para hacerlos reaccionar con inmediatez, porque en estos casos no procede el oficio correspondiente de suspensión de labores y tiene que haber varios voceros autorizados y concatenados a una voz superior para casos de emergencia.

Cabe mencionar que los organismos externos como es Protección Civil, Policía Estatal y SEDENA actuaron oportunamente en ambos casos, pero es fundamental la reacción local debidamente organizada, la de 220 personas en el Congreso y más de 100 en la COEPRIS, en ambos acontecimientos no hubo nada que lamentar porque fue falsa alarma, pero si hubiera existido algún detonante no sabemos si los resultados hubieran sido los mismos.

En todas las dependencias, escuelas desde primarias hasta de educación superior, deben de tener una comisión local de Protección Civil que sepa actuar frente a un incendio o contingencia similar y realizar cuando menos una vez al año un simulacro, hacerlo es proporcionar los elementos para saber cómo actuar ante una eventualidad.

TORRE ALIYÁN AL MOVIMIENTO NARANJA.- La incorporación del abogado Luis Torre Aliyán al PMC, es una buena adquisición del partido naranja. El ex síndico de la planilla que encabezó Xicoténcatl González Uresti, es un hombre de convicciones firmes y en más de una ocasión ha navegado contracorriente defendiendo lo que le ha parecido justo, fue el caso cuando decidió enfrentar al referido alcalde cuyos malos resultados de su gestión estaban a la vista en ese trienio, con esa actuación se ganó el sobre nombre del “síndico rebelde”.

Usted recordará que le llevó serenata al doctor Xico quien ostentaba un puesto en la Secretaría de Salud durante el gobierno “cabecista”, y ahí en el legendario edificio del 17 que aloja esa dependencia, los mariachis cantaron la de “Rata de dos patas” en clara alusión a González Uresti, que por cierto nunca salió.

Por cierto Xico está siendo convocado por la actual administración municipal para aclarar faltantes que superan los 100 millones de pesos y no ha acudido a los tres citatorios y todos sabemos lo que procede cuando se agotan esos recursos.

Pero el tema es Torre Aliyán un profesionista de 33 años ahora es el coordinador de “municipios en movimiento” en Ciudad Victoria, tras recibir el nombramiento correspondiente por José Manuel del Río Virgen, titular a nivel nacional de Municipios en Movimiento. Quienes conocen al joven abogado, consideran que hará un buen trabajo político para el “movimiento naranja”.

Ana Luisa García García

(15-Nov-1950) es licenciada en Periodismo por la Universidad Veracruzana generación 1969-1973.

Ejercicio profesional en los siguientes medios: El Dictamen de Veracruz, El Diario de Cd. Victoria, El Universal y Ovaciones en la Cd. de México, El Heraldo de Tampico. Autora de la columna Argot Político en El Mercurio de Tamaulipas (1988-1989) y de la columna Presencia publicada en La Verdad (1987-2016) y en diferentes portales informativos.