La función principal de un estado constituido por la voluntad popular es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Para poder lograrlo tiene como instrumento principal la Constitución General de la Republica que le da cohesión a un país y responsabilidad generalizada y permanente en el logro de la paz social. Aquellos gobiernos que no cumplen con esta responsabilidad, no solo incumplen la ley sino defraudan la confianza de todos los ciudadanos y vulneran el estado de derecho que es el principal instrumento que tenemos los ciudadanos para que se nos trate de forma igualitaria y donde se imparta la justicia que como bien decía el filósofo griego Platón significa darle a cada quien lo que le corresponde.

México ha visto en estos últimos años como los niveles de inseguridad se han incrementado dramáticamente y el gobierno no ha podido resolver este grave problema. Ni atacando las causas que eso era parte de su diagnóstico y propuesta, menos combatiendo directamente y en forma estratégica a la delincuencia en distintos estados de la Republica en donde está desbordada la violencia pública. Los niveles de percepción de inseguridad en el país siguen creciendo y no hay un modelo o sistema de seguridad pública que garantice la paz social tan anhelada y lo que ha hecho que se tenga a raya y se mantenga la seguridad en algunas regiones del país es la presencia de los militares o en algunas honrosas excepciones la policía estatal y municipal en aquellas entidades que siguen (afortunadamente)con esta estructura de seguridad vigente.

Ya llevamos cuatro años en que no hay claridad ni consensos de cómo el gobierno pudiera lograr recuperar la tranquilidad nacional. Hemos ido de cambios de nomenclaturas policiacas con nombres copiados del extranjero o de historia patria lejana con el acompañamiento de las fuerzas armadas militares a las que no se les ha otorgado el respaldo legal e institucional para cumplir con la labor de garantizar la seguridad de la que ellos históricamente no se encargaban salvo como dice la Constitución cuando se vulnere la soberanía o al momento de que hubiera una emergencia por un desastre natural.

Ahora mismo la gran discusión que tiene enfrentado al gobierno federal y a su partido político con las demás fuerzas políticas y asociaciones civiles es una iniciativa de reforma que busca darle la responsabilidad, mando y control total de la seguridad pública al ejército mexicano rompiendo con lo que dice el Artículo 21 Constitucional en su párrafo segundo " Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de seguridad pública y conformaran el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto a las leyes civiles"

Que significa esta propuesta del Gobierno Federal, simple y llanamente darle más poder al ejercito que aparte de administrar aduanas, construir obras ahora deberá ser el único garante de la seguridad y no podrá ser juzgado por las leyes civiles en casos de abusos e inconsistencias porque ellos tienen su propio marco legal para dirimir la aplicación de la justicia bajo los instrumentos legales con los que cuentan. El Gobierno Federal está acorralado y no puede ni sabe cómo resolver el gran problema de la inseguridad y quiere aventarles toda la responsabilidad a los militares. Ante esta realidad el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de los Diputados está proponiendo una ampliación del plazo legal para que sigan los militares apoyando en la seguridad pública hasta después del año 2024 en el que se vencía el término de este acuerdo constitucional. Para que en tanto este tiempo se cumpla el gobierno pueda y ojalá así sea garantizar la paz y la tranquilidad a lo largo y ancho del país. Como siempre el PRI piensa y actúa en favor de la sociedad mexicana no buscando sacar ventaja política a un incumplimiento del actual gobierno, esa es la diferencia, por eso como dice aquel y en eso tiene razón… no somos iguales.

Ramiro Ramos Salinas

Político tamaulipeco nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cuenta con un doctorado en Administración Pública y una maestría en Administración de Negocios.

Fue diputado local en la LXII Legislatura y además fue presidente del PRI en Tamaulipas.