Morelia, Michoacán. - El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que agrupa autoridades de 65 comunidades originarias, bloquea este día un total de 5 carreteras federales en demanda de que el Gobierno Federal y Estatal atienda el rezago histórico en que viven los pueblos y comunidades originarias de la entidad, así como en contra del aumento a las tarifas del trasporte público. 

La decisión de las movilizaciones fue tomada en Asamblea General de Autoridades realizada en la comunidad de Caltzontzin, mediante lo que denominaron Jornada de Lucha: Justicia Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán.

Las carreteras bloqueadas son: 1 Carretera Cheran-Zamora en Ichán. 2 Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio. 3 Carretera Paracho-Uruapan a la salida de Paracho. 4 Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Caltzontzin y 5 Carretera Uruapan- Apatzingan en Arroyo Colorado.

Manifestaron a través de un comunicado que la decisión colectiva fue realizada por el contexto de pobreza en que viven los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán donde el 76.8% de la población hablante de una lengua indígena se encuentra en la pobreza y el 35.7% en la pobreza extrema (CONEVAL 2020), así como en virtud de que el Gobierno y el Congreso del Estado para el año fiscal 2022 han destinado para la “atención integral” de los pueblos indígenas de Michoacán.

A través de la “Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, el capital que calificaron de mezquino de 24 millones, lo que corresponde al 0.03% del total del presupuesto estatal y con base a que los recursos generados por el reemplacamiento estatal, no beneficiarán con inversiones a las comunidades originarias.

Su pliego petitorio contiene 5 puntos:

1.- No al aumento a las tarifas del trasporte público, toda vez que afectaría considerablemente la economía de las clases populares en un contexto de crisis económica y financiera.

2.- Al Gobierno Federal le solicitan que implemente un Plan de Justicia para los Pueblos Originarios de Michoacán, tal y como el que realizó el Pueblo Yaqui, donde invirtió 11 mil 800 millones, le requerimos al Gobierno de la República que no discrimine, ni excluya a los pueblos indígenas de Michoacán.

3.- Al Gobierno de Michoacán le piden que establezca la firma de un Convenio Interinstitucional de Justicia Social con los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán, donde las diferentes Secretarias de Estado destinen conjuntamente presupuestos, acciones y programas de alto impacto que permitan atender la pobreza histórica en la que viven los pueblos indígenas.

4.- Al Estado Mexicano exigimos garantice el derecho al agua de los pueblos y comunidades, argumentan que no es posible que el Municipio de Paracho con 39,657 habitantes (INEGI 2020) mantenga más de 3 meses sin agua potable y que las comunidades como Cocucho, San Benito y Santa Rosa, desde hace muchos años no tengan agua potable y se encuentren abandonadas por el Estado mexicano.