Ciudad Victoria, Tamaulipas. -  Distintas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y temas relacionados a la justicia, denunciaron públicamente que la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) “persiguió” a activistas y periodistas en lugar de iniciar una investigación para esclarecer la masacre de 196 personas que fueron encontradas las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas.

La Fundación Justicia (FJEDD) aseguró que la PGR ordenó investigar a una activista, a una periodista y a una perita independiente que levantaron la voz ante la masacre de San Fernando perpetrada por un grupo criminal en 2011.

Se trata de la directora de la Fundación para la Justicia y defensora de las familias de las víctimas, Ana Lorena Delgadillo, de la periodista que se ha dedicado a investigar sobre personas migrantes desaparecidas y ejecutadas en México además de ser cofundadora y directora de Quinto Elemento Lab y coordinadora del proyecto de investigación #Másde72, Marcela Turati y de la cofundadora y directora del Equipo Argentino de Antropologia Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica, Mercedes Doretti.

“Entre 2015 y 2016, la entonces PGR ordenó investigar a una defensora de familias de víctimas de masacres, a una periodista, y a una perita independiente, quienes desde distintos ámbitos buscaban la justicia, la verdad y el derecho a la información.

Por estos hechos, victimas y organizaciones no gubernamentales presentaron una denuncia ante la FGR, en la que se solicita esclarecer y fincar responsabilidades contra los funcionarios públicos que solicitaron y permitieron estas investigaciones legales.

Esto afecta el derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad, sabiendo que además no hay una sola persona sentenciada en este y otros casos de masacres”.

Asimismo, la FJEDD informó que entre el 2015 y 2016 la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO hoy FEMDO) además de la PGR ordenaron echar a andar la maquinaria, “No para dar con los perpetradores de la masacre, si no para perseguir a las víctimas”.

“La SEIDO y la PGR, dejaron de lado su deber de esclarecer los hechos e investigar a los perpetradores y utilizó las herramientas destinadas a combatir la delincuencia organizada para violar la privacidad, la intimidad, la seguridad, las comunicaciones y criminalizar a quienes desde distintos ámbitos buscan la justicia, la verdad y el derecho a la información”.

Cabe mencionar, que a diez años de que ocurrió la masacre correspondiente a 48 fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas hasta el momento no se cuenta con una sola persona sentenciada. Además, indebidamente se han incinerado los cuerpos encontrados, unos han sido enviados a fosas comunes y otros se han entregado a familiares de víctimas quienes aseguran que les han entregado cuerpos equivocados.