Ciudad de México. - El grupo mayoritario de La Cooperativa La Cruz Azul solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Congreso de la Unión, para terminar con los manejos irregulares de los recursos y las componendas por parte de quienes hoy ostentan la administración de la cooperativa, ilegalidades que se realizan en contubernio con jueces del Poder Judicial.

Denunciaron además que la actual administración encabezada por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez promueve el terrorismo laboral dentro de la cooperativa, toda vez que se han cancelado prestaciones sociales, servicio médico y la entrega de medicinas, además de condicionar el pago de salarios, todo ello en perjuicio de más de 15 mil familias.

Al realizar una manifestación en la zona Centro de la Ciudad de México, los cooperativistas agregaron que las resoluciones que validan la Asamblea de septiembre del 2018 son ilegales, pues no se desarrolló de acuerdo a los estatutos de la propia cooperativa, y violó la Ley de Sociedades Mercantiles.

Señalaron además que con la confabulación de jueces, Marín y Velázquez también han promovido órdenes de aprehensión contra socios que les resultan incómodos por cuestionar y documentar sus malos manejos dentro de la administración cooperativista.

Recordaron que ambos personajes formaron parte del saqueo encabezado por Billy Álvarez, a quien ahora dicen desconocer. Durante la protesta, los socios cooperativistas mostraron su disposición para dialogar con funcionarios de la Secretaría de Gobernación con el fin de resolver la citada problemática, pero acusaron que, a pesar de su apertura al diálogo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX los desplazó a la fuerza de la zona de protesta, generando caos e incertidumbre entre los asistentes que acudían con la certeza de que su derecho a la protesta sería respetado. Los socios cooperativistas y su grupo de abogados continúan negociando para instalar una mesa de trabajo con el gobierno federal, a efecto de que se escuchen y se resuelvan sus demandas.