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Darán seis años de cárcel a directivos de escuelas “patito” en Tamaulipas

Y es que se realizó una adición al Capítulo VI de la Ley de Educación de Tamaulipas denominado “Impartición Ilícita de Educación”, en el que se prevén sanciones penales a quienes incurran en su violación
Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Viernes 10 de Septiembre del 2021 a las 20:06

Los directivos de las escuelas que den servicio sin contar con validez oficial, será castigados con hasta seis años de cárcel y una multa de 90 mil pesos. (Foto Ilustrativa)
Autor: Enrique Jonguitud
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Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Los directivos de las escuelas que den servicio sin contar con validez oficial, será castigados con hasta seis años de cárcel y una multa de 90 mil pesos, de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) de Tamaulipas.

Y es que se realizó una adición al Capítulo VI de la Ley de Educación de Tamaulipas denominado “Impartición Ilícita de Educación”, en el que se agrega el artículo 189 Ter que prevé sanciones penales a quienes incurran en su violación.

Cabe destacar que este artículo señala que a pesar de encontrarse en autorización de trámite la validez de las escuelas, esto no las libera de responsabilidades y se podría imponer el castigo y multa económica.

Al que preste servicios educativos que conforme a la Ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá una sanción de tres a seis años de prisión y multa de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, establece la ley en el Artículo 189 Ter.

Y agrega;

Si “la referida autorización se encuentra en trámite, esto no será motivo para librarse de la responsabilidad. Si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que le corresponda por el delito cometido y se le impondrá, además, la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”.

Cabe señalar que la legislación establece que los delitos antes mencionados serán perseguidos de oficio, lo que quiere decir que el Ministerio Público realizará acciones de investigación y a la vez persecución de los presuntos responsables, esto incluso a pesar de que la persona denunciante no quiera continuar con el procedimiento.

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