Hasta ocho años de cárcel a funcionarios que filtren imágenes de víctimas
Toluca, Edomex. - La Legislatura del Estado de México aprobó la denominada “Ley Ingrid”, que reforma diversos artículos del Código Penal para establecer como tipo penal el delito de difusión indebida de imágenes, o información de víctimas, y castigar con hasta 8 años cuando sea cometido por servidores públicos, e incorpora agravantes cuando sea en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres.
Al presentar el dictamen final, que concreta cuatro iniciativas de Morena, PRD y PRI, la diputada Beatriz García Villegas explicó que las reformas aprobadas establecen sanciones para las personas que de manera indebida revelen o difundan imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.
“No se puede seguir lucrando con la dignidad y la integridad de las víctimas y sus familiares, la revictimización no puede volverse costumbre, y ser solo espectadores de lo que se comparte y difunde, se expone o se envía en cualquier medio, principalmente a través de páginas amarillistas, redes sociales, audios, imágenes y videos de cualquier mujer que ha perdido la vida como víctima de un homicidio o feminicidio.
Resulta peor aún, cuando cualquiera de estas acciones e cometida de manera reiterada por personas servidoras públicas de las diferentes instituciones de procuración y administración de justicia”, apuntó la legisladora.
Además, incorpora agravantes para los casos en los cuales la información difundida o revelada constituye una posible lesión a la dignidad o a la memoria de las víctimas directas o indirectas de un hecho con apariencia de delito; fortalecer la protección legal a los derechos de las víctimas; y combatir la violencia mediática de género.
Beatriz García precisó que las propuestas legislativas se encaminan a la protección de las niñas, adolescentes y mujeres, con base en los derechos humanos y que son concordantes con las normas constitucionales y con el marco normativo internacional sobre protección a las mujeres y respeto de los principios de igualdad y no discriminación.
Refirió que las reformas en materia penal fueron resultado de un esfuerzo colectivo de propuestas de diferentes grupos parlamentarios para hacer justicia a las víctimas y a sus familias.
Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte.
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