Toluca, Edomex., (Agencia Informativa de México). – Diputados locales aprobaron por unanimidad en comisiones, la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, resultado de mesas de trabajo con estos sectores, dependencias y organismos internacionales, y que dará garantías para desempeñar su labor.

En reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y del Comité Permanente de Comunicación Social, diputados integrantes de las fracciones de Morena, PAN, PRD y PRI avalaron la creación de la ley que considera la actividad periodística de interés público, y que debe ser tutelada y protegida por el Estado y municipios.  

La diputada Azucena Cisneros Coss agradeció a los diferentes grupos parlamentarios su disposición para enriquecer la ley que tuvo un largo camino y será única en el país porque no solo contempla el Mecanismo de Protección, que ya es ordenanza federal, sino considera aspectos como la clausula de conciencia, el secreto profesional y una Fiscalía Especializada en la materia.

“Valió la pena la espera, fue de las primeras iniciativas que se ingresó como un compromiso con un gremio con el que se viene caminando desde hace 30 años, y es una deuda del Estado, de todos los actores políticos que deben dar las garantías suficientes a estos sectores y nosotros como legisladores estamos obligados a velar por esos intereses, a través de una Ley robusta”, sostuvo la legisladora.

Reconoció que la propuesta fue controversial y se buscaba lograr el mayor consenso,  por lo que hubo diversas reuniones con reporteros de diversas regiones de la entidad, incluido el sur, donde hay un sentir agudizado del gremio por la violencia que enfrentan en el desempeño de su labor.

“Es una ley que está muy discutida, dialogada y eso le da la propia legitimidad que merece una ordenanza como esta”, apuntó.

La diputada Beatriz García Villegas felicitó a la promovente de la ley que cambiará los parámetros de justicia en la entidad, y medidas cautelares para dar una protección efectiva y responsable hacia los periodistas y defensores de derechos humanos, pues no se puede permitir más crímenes contra el sector.

“La Comisión Nacional de Derechos CNDH ha manifestado su preocupación por la agresión a periodistas y por la omisión de autoridades ante el aumento de agresiones de estos grupos, que ponen riesgo su vida por defender a quien han sido víctimas de abuso de poder y de informar a la sociedad y realizar denuncias públicas”, apuntó García.

Apuntó que en 2019, el índice de agresiones contra defensores y periodistas aumentó, pues se registraron 91 medidas cautelares a favor de reporteras y reporteros y 63 a favor de integrantes de organismos no gubernamentales.

Marlon Martínez, líder de la bancada del PRI reconoció la disponibilidad de la legisladora promovente para tomar en cuenta las aportaciones de los grupos parlamentarios.

La Ley establece que la Coordinación Ejecutiva, dependiente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos será la instancia responsable de operar el Mecanismo y de coordinar su funcionamiento con las Dependencias y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los municipios y los organismos constitucionales autónomos.

En casos de solicitudes de incorporación al Mecanismo se deberá realizar el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata y emitir medidas de protección. Cuando la Persona Peticionaria declare que su vida, libertad, integridad física, psicológica o patrimonial está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se dará inicio al Procedimiento Extraordinario.

Además, establece que las autoridades del Estado de México y Municipios, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención, así como promover y fomentar, las acciones para proteger de manera eficaz, oportuna a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado de México, además de investigar y sancionar a responsables de violaciones y agresiones.

Y considera como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad de las y los periodistas, el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el libre acceso a la información de interés y actos públicos, y la capacitación profesional.