Pachuca de Soto, Hgo., (Agencia Informativa de México).- Este miércoles se inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfeizer, para el personal médico de primera línea en la entidad contra Covid-19, pero no se informó si los funcionaros que se “saltaron” la fila, serían revacunados, en tanto, diputados del PAN presentaron una iniciativa fin de que aquellos funcionarios que usen su cargo para vacunarse sean castigados hasta con 8 años de prisión, mientras, la pandemia no da un respiro a Hidalgo al registrarse 99 contagios este día y 16 decesos.

Las autoridades de salud, informaron que ya son 33 mil 678 los hidalguenses positivos al Covid-19, con el contagio este día de 99 personas, fueron registrados 16 decesos para un total de 5 mil 193 fallecidos y ya son 24 mil 094 los pacientes recuperados.

La delegación de Programas de Bienestar en el Estado, aseguró que con la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el Covid-19 a personal de salud de primera línea, en los próximos días estarán protegidos los profesionales de la salud que se mantienen al frente de los pacientes positivos. Sin embargo, la dependencia no aclaró si aquellos funcionarios y dirigente sindical que “se saltaron” la línea recibirán su segunda dosis.

Al respecto, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron, en el Congreso local una iniciativa con el fin de imponer sanciones a los funcionarios públicos que, usando su cargo “se salten” la fila para vacunarse contra la pandemia del coronavirus.

Con ello buscan que los servidores públicos transgresores sean sancionados hasta con ocho años de prisión. La legisladora María Teodora Islas Espinoza, explicó que la iniciativa busca evitar el abuso de poder de los servidores públicos para acceder antes de tiempo al programa de vacunación en beneficio personal o de un tercero, para ello propuso pena de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación de uno a nueve años para desempeñar cualquier cargo o comisión de carácter público. La pena se duplicaría durante la emergencia sanitaria.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso para su análisis.