Ciudad de México.- Al señalar que el 95 por ciento de los policías del país no tienen seguridad social, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y revertir ese rezago.

En conferencia de prensa, acompañado del presidente de la Asociación Nacional de Ciudadanos Uniformados, Iván Chávez, el diputado federal del PAN, Alfonso Robledo Leal, sostuvo que los guardianes del orden no son sujetos de crédito, ni tienen servicios médicos, ni pensiones y no tienen derecho a una jubilación digna.

Ante la crisis más grave de seguridad que vive el país no existe en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública un articulado que ampare a los policías en materia de prestaciones sociales.

Ante tal panorama, el legislador panista, junto con su compañera de bancada, la diputada Alejandra García Morlán presentó ante la mesa directiva de la Cámara Baja la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Robledo Leal manifestó que “es imposible que ellos estén en la calle tratando de salvaguardar nuestra integridad personal y patrimonial y no le podamos dar ni siquiera derecho a algo tan básico como la seguridad social”.

La iniciativa propone en el capítulo dedicado a los derechos que deben gozar desde su alta en el servicio, de los beneficios y prestaciones de seguridad social en términos de las disposiciones legales aplicables.

Se plantea garantizar al menos lo siguiente: Promoción a la salud y medicina preventiva, atención de enfermedades no profesionales y maternidad, rehabilitación, atención de riesgos de trabajo.

Respecto a pensiones y seguro por fallecimiento, se demanda incluir jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, retiro en edad avanzada, (en cualquiera de los incisos anteriores, el tiempo de servicio será máximo de 25 años), invalidez temporal o definitiva  o fallecimiento.

Otras prestaciones propuestas son créditos a corto, mediano y largo plazo, con las tasas de interés más bajas que establezcan las normas aplicables, ocho días económicos al año, licencias con goce de sueldo por maternidad, lactancia, paternidad y por fallecimiento de ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuges o concubinos.

Asimismo, licencias sin goce de sueldo para ejercer cargos públicos de elección popular por el tiempo que dure su encargo o por cuestiones personales hasta por seis meses, debiendo dar aviso escrito con anticipación.

También créditos para vivienda, becas de estudios para ellos y sus descendientes.

Viáticos en caso de laborar a más de dos horas de trayecto de su domicilio particular, además de tener derecho a cambios de adscripción de acuerdo a las necesidades del servicio.

En tanto, Iván Chávez aseguró que los policías, los peritos y los agentes del Ministerio Público, no tienen una certeza debido a que su relación con el Estado, es una relación administrativa y no laboral según criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señaló que esta ambigüedad, en cuanto a su relación jurídica con el Estado, da pauta a que sean violentados sus Derechos Humanos esenciales.

“Con la iniciativa que construimos juntos, se pretende incorporar un apartado A, dentro del artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer la obligación de los estados de la federación y de los municipios para dotar de estos derechos a los policías, peritos y agentes del ministerio público”, precisó.

Mencionó que hay entidades del país, como Oaxaca y Chiapas en donde un policía tiene que pagar de su sueldo cualquier herida que sea producida en el desempeño de sus funciones y no tiene derecho que le administren incapacidades médicas durante el tiempo de su recuperación.