En tiempos pasados recientes se han presentado dos propuestas de ley en la Ciudad de México que han generado cierta polémica porque atentan contra la libertad económica y la propiedad privada. Dichas propuestas son: Ley de Vivienda y la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la ciudad de México. En esta columna realizamos un sucinto análisis de la iniciativa Ley de Vivienda, la cual cabe mencionar afortunadamente fue frenada y presentar cómo puede ser perjudicial en caso de prosperar.

Cuando se va a tomar una decisión en el ámbito económico es imperativo considerar los efectos que tendrán no solo en el corto plano, sino en el mediano y largo plazo.

Tal vez una política económica tenga un impacto positivo en el corto plazo para un sector determinado de la sociedad, lo cual la convierte en una política ampliamente celebrada por dicho sector, sin embargo, la misma, puede resultar en detrimento no solo para quienes resultan afectados al corto  plazo, en este caso los propietarios, arrendadores e inversionistas en bienes raíces en la Ciudad de México, sino incluso los beneficiados en la inmediatez (los arrendatarios) y los mexicanos en general, sin exageración o ánimos de ocasionar un estado de alarma.

Podría parecer lógica la importancia de considerar los efectos al mediano y largo plazo de una política económica, pero, lamentablemente, existe una cantidad considerable de estas políticas económicas que no solamente no consideran sus efectos adversos en el futuro lejano, sino que gozan de una amplia popularidad debido a que apelan a la moralidad de sus efectos al corto plazo. Al ser populares, los políticos las utilizan con fines político - electorales perversos.

Henry Hazlitt, reconocido educador y periodista económico en los principales medios de comunicación estadounidenses, mencionaba en su libro “La economía en una lección” que si tuviera que resumir en un enunciado la totalidad de la economía sería el siguiente: El arte de la Economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o medida política y no meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores.

La iniciativa de Ley de Vivienda propuesta por la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México propone reformar los artículos 2398 y 2406 de Código Civil, tiene como propósito garantizar la vivienda a todas las personas con precios de renta accesibles ante una emergencia sanitaria como la representada por la pandemia COVID - 19 y así evitar desalojos arbitrarios proporcionando certeza y seguridad jurídica sobre la tenencia. Afortunadamente dicha ley ha sido frenada por el momento.

Los grupos inmobiliarios, propietarios y arrendadores en general expresaron su preocupación por los siguientes componentes de dicha propuesta de reforma: 1) En ausencia de contrato se impedirá realizar desalojos incluso si existe morosidad por parte del arrendatario; 2) Los contratos de arrendamiento no podrán ser menores a 3 años, incluso si se debe de firmar para llevar a cabo un desalojo; 3) Imposibilidad del arrendador para exigir como garantía/depósito más de un mes de renta así como poderlos conservar en caso de no cuplir el plazo del contrato el arrendatario; y, 4) En caso de emergencia nacional, el arrendatario podrá solicitar una renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento.

El simple hecho de presentar una iniciativa de ley con éstas características genera cierto grado de incertidumbre en el sector inmobiliario, sin embargo, no tendría comparación el daño en dicho sector en caso de que la iniciativa de ley prosperase.

Al corto plazo los arrendatarios podrían gozar del beneficio de renegociar las condiciones del contrato de arrendamiento en caso de una declaración de emergencia nacional, ya sea reducir el precio de la renta o la suspensión transitoria en perjuicio a los derechos de los propietarios.

Al mediano plazo los propietarios e inversionistas del sector inmobiliario en la Ciudad de México buscarían sacar del mercado inmobiliario la renta de sus propiedades y suspender los proyectos que tenían contemplados desarrollar en el futuro próximo. Con ello la oferta de inmuebles para renta disminuiría drásticamente y aunado al aumento de los riesgos, el costo de las rentas aumentaría de manera considerable. Asimismo, existiría una pérdida de empleos relacionados al sector inmobiliario en la ciudad.

Al largo plazo los inversionistas plantearían emigrar sus proyectos a otras entidades federativas o al extranjero, lo que tendría como consecuencia una desaceleración de la industria y con ello una pérdida en la generación de riqueza que a la postre perjudicaría a todos los mexicanos en distintas dimensiones, siendo la población con condiciones socioeconómicas más vulnerables los más afectados.

Como conclusión, si se desea garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas en la Ciudad de México no debe de ser a costa de vulnerar los derechos de los arrendadores y propietarios, sino incentivar los desarrollos inmobiliarios con reducción de impuestos, trámites burocráticos efectivos y eficientes y otorgando certeza jurídica, con esto crecería la oferta de vivienda y con ello la calidad de la vivienda a precios más asequibles.

Sandro Cappello

Es Director de Investigación Político Sociales en Consultores y Asociados ESTATAM, con presencia en el noreste de México. Además es docente a nivel Maestría.