Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Las comisiones de Estudios Legislativos y de Salud en el Congreso de Tamaulipas dictaminaron viable reformar la Ley de Transporte del Estado, para agravar las sanciones a quienes nieguen el transporte público a las personas que prestan servicios de salud, ante una contingencia sanitaria.

Con diversas participaciones se llevó a cabo el análisis de la propuesta, pero finalmente se aprobó por unanimidad la del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que busca salvaguardar los derechos del personal médico, de enfermería, servicios generales y administrativos que hacen frente a la pandemia por el COVID-19.

En su intervención, el legislador Juan Enrique Liceaga Pineda precisó que existe cierta parte de la población que no dimensiona la importancia del trabajo que este sector brinda al resto de la sociedad, en medio de una contingencia de salud de tal magnitud, como la que se vive actualmente.

Señaló que se han reportado casos donde se les lanza cloro, han sido víctimas de agresión física y se les ha negado el servicio de transporte público, ello por temor a que puedan estar contagiados al trabajar en hospitales o centros de salud.

“Quienes más luchan en este proceso de recuperar el actuar diario, son el personal médico, de tal forma que se debe mostrar el apoyo decisivo desde el ámbito legislativo para respetar a las y los trabajadores de la salud, asegurándoles el acceso al transporte público en medio de una contingencia”, agregó.

Las distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de agravar la sanción correspondiente a los prestadores del transporte público, quienes por sí mismos o a través de sus operadores o personas relacionadas, discriminen, ejerzan violencia física o psicológica, prohíban o nieguen el servicio a las personas que se dediquen a la atención de la salud en la entidad, cuando se esté atravesando por una contingencia sanitaria.