Mérida (Notimex).- Quien presente los síntomas o haya sido diagnosticado con Coronavirus COVID-19 debe aislarse para evitar el contagio, de lo contrario podría ir a prisión hasta por tres años y ser acreedor a multas de hasta 86,800 pesos en esta emergencia sanitaria.

La Ley de Salud contempla también multa de hasta 86,800 pesos a las personas que hubieran estado expuestas a esta enfermedad y que no respeten la limitación puesta por la autoridad sanitaria, así como quienes violen el cierre temporal de los locales o centros de reunión impuesto por esta causa.

En un comunicado, el gobierno de Yucatán, menciona que podrá privar de su libertad a quienes interfieran o se opongan al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria, o se nieguen a cumplir los requerimientos y las disposiciones de gubernamentales, provocando con ello un peligro a la salud de las personas.

Reconoce en la información que la sociedad yucateca ha mostrado el compromiso de seguir las recomendaciones y reitera que quienes se aparten de esta solidaridad y atenten contra la salud de los demás, se les impondrá castigo de prisión de hasta tres años de acuerdo con el Código Penal del Estado y podrá ser acreedor a una multa de hasta 86,800 pesos en caso de reincidir.

Llamó a reforzar las medidas preventivas, que tienen como fin proteger a la ciudadanía e inhibir el contagio. Esto es lavado frecuente de manos, usar la parte interna del codo o un pañuelo desechable al estornudar o toser, mantener la sana distancia sin saludar de mano, abrazo o beso, y reducir a lo indispensable las salidas de las casas.

El gobierno del Estado estableció medidas para prevenir el contagio, como la suspensión temporal de los eventos masivos, el cierre de cines, bares, centros nocturnos, así como gimnasios y clubes deportivos.

Llamó a la población a quedarse en casa y así prevenir y controlar el contagio del Coronavirus Covid-19. El miembro de la familia que tenga que salir, por trabajo, a comprar alimentos, o medicamentos, debe hacerlo sin compañía. Cuidar a los adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables.